El Gobierno acepta pactar con la Xunta el decreto del fondo de rescate bancario

El Ejecutivo gallego recibe un escrito del Ministerio de Economía en el que éste accede a "negociar" el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria en una comisión bilateral

 
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Zapatero y Feijóo, el pasado mes de junio. / ángel díaz
Zapatero y Feijóo, el pasado mes de junio. / ángel díaz 

REDACCIÓN | A CORUÑA La Xunta anunció a última hora de ayer que había recibido por la tarde un escrito del Ministerio de Economía y Hacienda en el que el departamento estatal mostraba "su disponibilidad" a poner en marcha una comisión bilateral Xunta-Estado para "negociar" el decreto que regula el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB). De esta forma, el Gobierno central acepta la petición de la Xunta para mejorar el texto, con el objetivo de recuperar competencias autonómicas para autorizar la fusión de cajas de ahorros.

Según informó la Xunta, que expresó su "satisfacción" por la respuesta recibida, el Gobierno central se mostró dispuesto a iniciar las negociaciones y propone que, dada la "premura temporal" -el plazo para reunirse finaliza el próximo domingo-, el acuerdo se firme de forma virtual, es decir, sin reunión presencial.

El Gobierno gallego solicitó el pasado 8 de septiembre la reunión de este foro bilateral para intentar mejorar el texto del FROB, al entender que tal y como está redactado, puede invadir competencias propias de la comunidad autónoma, y evitar así un posible recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Ejecutivo gallego considera que el Estatuto de autonomía otorga a la Administración gallega competencias para autorizar cualquier fusión o disolución de las entidades bancarias que tengan su domicilio social en Galicia.

La Xunta defiende que el nuevo decreto invade las competencias reconocidas por el Estatuto de Autonomía en su artículo 30.1, que establece: "De acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega (...) la competencia exclusiva de las siguientes materias..." y en el apartado 5 añade: "Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro". El Gobierno aducía sin embargo que el Decreto ley 9/2009 de 26 de junio que regula el FROB sólo plantea la intervención del Banco de España en las entidades que "presenten debilidades en su situación económico-financiera que (...) pudieran poner en peligro su viabilidad", según el artículo 6.1.

En este escenario, la Xunta celebró que después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunciase que recurriría el FROB ante el TC si antes del 27 de septiembre no se reunía la comisión bilateral, el Gobierno central aceptase la propuesta del Gobierno autonómico para "modificar" el FROB.

Esta medida permite que Xunta y Estado dispongan de seis meses para tratar de llegar a un acuerdo sobre el FROB y evita que Galicia tenga que presentar un recurso ante el TC, una posibilidad que aún queda abierta si finalmente no hay acuerdo en la comisión bilateral.

Horas antes de recibir la misiva del Gobierno central, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho que su Gobierno iba a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra "algunos puntos" del FROB con la finalidad de preservar la capacidad de la Comunidad Autónoma para ejercer "la tutela efectiva y financiera" de sus cajas de ahorro.

"Lo vamos a hacer porque no se pueden dictar normas que afecten a las competencias de las comunidades autónomas y que nos enteremos por el Boletín Oficial del Estado", respondió Feijóo al ser preguntado si Galicia iba a presentar finalmente el recurso contra el FROB antes del domingo.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Feijóo subrayó que "una caja y un banco son cosas distintas". Así, reconoció que, "si hay que adoptar decisiones excepcionales por la situación excepcional, hay formas de hacerlo, de hablarlo y de consensuarlo", pero rechazó que el Gobierno central pueda "entrar en las competencias autonómicas" y que las comunidades "no tengan ni siquiera que ser oídas y que sus informes no sean determinantes" en procesos de fusión de las entidades financieras.

"De la misma forma que defiendo la Constitución, defiendo el Estatuto con la misma intensidad. La tutela financiera de las cajas de ahorro está encomendada constitucionalmente a las comunidades y por lo tanto, las comunidades tienen que ejercer sus competencias, igual que el Estado ejerce las suyas. Así son las reglas de juego, por lo tanto cumplámoslas", aseveró.

Feijóo abogó también por que "haya una o dos cajas gallegas" para rechazar los procesos de fusión con entidades de otras comunidades y argumentó esta postura en que la estructura financiera de Caixa Galicia y de Caixanova es "lo suficientemente solvente como para no tener que fusionarse con cajas de otras comunidades.

No obstante, puntualizó que no defenderá "causas imposibles". "Si mañana hay datos que revelan que estamos equivocados, estamos dispuestos a verlos", agregó para remarcar que no se va a plantear "nada que afecte a los intereses generales de los gallegos, que es la seguridad de sus depósitos y de sus empresas".

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