AGENCIAS | MADRID El Gobierno destinará 50 millones de euros para financiar el incremento salarial del 0,3% para los 2,6 millones de funcionarios en el año 2010, según contempla el acuerdo para la función pública 2010- 2012 firmado ayer con los sindicatos. La medida se inscribe dentro del marco del diálogo social, tal y como anunció la Vicepresidente Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Esta pidió que la medida sirva de "estímulo" al sector privado. De le Vega, que se reincorporó ayer al trabajo tras ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada, firmó el acuerdo con los líderes sindicales de la función pública, Julio Lacuerda, de UGT; Enrique Fosul, de CCOO, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF.

Además, Gobierno y sindicatos llegaron a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos de 2010 los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público el año que viene, de forma que el total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que consideren "esenciales y prioritarios". Sin embargo, quedan exentas de esta limitación el ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50. 000 habitantes.

El acuerdo, que se desarrollará durante los próximos tres años, incorpora un total de 50 medidas para el incremento de la calidad y la eficacia de los servicios públicos, la reforma y modernización de la administración, así como la mejora de las condiciones de trabajo. También incorpora la profesionalización y la productividad de los empleados públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios y la garantía y el buen ejercicio de los derechos sindicales.

En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios, con una subida salarial del 0,3% en 2010. Por primera vez en la Administración del Estado, se ha acordado una cláusula de revisión salarial por la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo si se produjera. Otro de los objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración.

Para conseguirlo, además de continuar desarrollando el Estatuto básico del Empleo Público, se elaborará una Ley de Función Pública, con el fin de empezar su tramitación como proyecto de Ley en septiembre de 2010.

Asimismo, se creará un Observatorio del Empleo público, encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio de las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales donde sea necesario. En este sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos para mejorar los servicios y la utilización "racional y eficiente" de los recursos.

Para impulsar una Administración de calidad y eficaz, Gobierno y sindicatos han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, aprobada en junio de 2007, con la aprobación de un Real Decreto y con un Plan General de Formación de la Administración Electrónica.

Además, se hará efectivo el código ético de conducta de los empleados públicos, se implantará el teletrabajo donde sea oportuno y se simplificarán las plazas y los procedimientos.

De la misma manera, la formación será uno de los retos de la administración. Para ello, se potenciarán los planes de formación, no sólo para perfeccionar y mejorar las funciones a desempeñar por los funcionarios, sino también para impulsar su promoción y carrera profesional. Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8 %, elaborar planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir el acceso a la jubilación parcial.

En la rueda de prensa, De la vega aseguró que la búsqueda de consenso, la acción concertada y el compromiso con el interés general por parte del Gobierno y los agentes sociales han favorecido el progreso y la estabilidad económica y social del país.