Bruselas se ensaña con España

REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / BRUSELAS No fue ayer un buen día para España en Bruselas. Allí, la Comisión Europea (CE) desplegó una batería de actuaciones contra el país en la que multaba, expedientaba, amenazaba con una sanción o iniciaba un proceso de infracción en una docena de asuntos diferentes.

La comisión anunció la apertura de un proceso de infracción contra España y otros cinco países de la UE por no aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre comercialización a distancia de servicios financieros y, en concreto, por fallos detectados en la protección de los clientes.

También amenazó a España con una multa por exigir la nacionalidad española como condición para acceder a los puestos de capitán y primer oficial en los buques mercantes de pabellón español. En tercer lugar, decidió llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener un dispositivo que penaliza con un impuesto de salida a las empresas que dejan de tener su domicilio fiscal en el territorio nacional. Bruselas adoptó la misma decisión con respecto a Portugal.

Además inició un nuevo procedimiento de infracción contra España por no aplicar debidamente las leyes comunitarias de protección al consumidor, un asunto por el que el Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a este país. También expedientó a España por no trasladar correctamente a su normativa nacional el llamado "primer paquete ferroviario" de la Unión Europea, que obligaba a abrir una parte de los servicios de tren a la competencia en marzo de 2003.

Otras de las actuaciones fue amenazar con una sanción por no depurar las aguas residuales urbanas que se vierten en el frente litoral del parque natural de la Albufera (Valencia) y además de llevar al país al Tribunal de Justicia de la UE por las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte de la empresa pública Instituto Valenciano de la Vivienda SA (IVVSA).

Las tres últimas peticiones fueron, en primer lugar, que cumpla una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2008, en la que confirmaba que no otorgaba un tiempo obligatorio de espera entre la concesión de un contrato público y su conclusión.

En segundo lugar, la Comisión Europea pidió formalmente a España modificar su legislación para aplicar correctamente el sistema especial del IVA a las agencias de viajes. Bruselas remitió a las autoridades españolas un dictamen motivado, segundo paso en el proceso de infracción, y da dos meses a España para adaptarse a la normativa comunitaria. De lo contrario, la Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Y por último, reiteró su petición a España para que aplique correctamente la legislación comunitaria y reembolse a sus nacionales los costes de tratamientos médicos recibidos en otro Estado miembro. Bruselas ha enviado a las autoridades españolas un dictamen motivado complementario, segundo paso en el proceso de infracción, con lo que da un plazo de dos meses a España para adaptarse a la normativa o llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).