JULIO PÉREZ | A CORUÑA El lío judicial en el que tiene toda la pinta de convertirse el futuro de la energía eólica en Galicia da un paso más. Tras el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendió cautelarmente el concurso de los 2.300 megavatios (MW) impulsado por el bipartito al amparo de la denuncia de una de las empresas que quedaron fuera y de los "daños de difícil reparación" que se podrían crear si el reparto siguiera adelante, el plazo para recurrir la decisión finaliza sin que nadie se haya manifestado en contra. Lo que han hecho dos de las firmas beneficiadas en la subasta es ir más allá. Aucosa y Viraventos se han personado como codemandadas. Se sienten perjudicadas directamente por la decisión de la sala del Contencioso-Administrativo. Para ellas se abre ahora otro plazo para un recurso de súplica contra la paralización de la admisión a trámite de los parques. Ambas prevén presentarlo.

¿Por qué las dos sociedades optan por personarse en lugar de un recurso directamente contra la paralización del TSXG? Porque de esta manera, si consiguen que se tengan en cuenta sus argumentos, tanto Aucosa como Viraventos, el alto tribunal tendría que abrir de nuevo el proceso judicial y las dos compañías tendrían derecho a defender, como implicadas, la distribución de parques -que la nueva Xunta también bloqueó temporalmente el pasado mes de agosto- y sus intereses. Como si fueran las responsables del reparto. Una postura que la Consellería de Economía e Industria también podría haber seguido -la demanda que desembocó en el auto del TSXG es, al fin y al cabo, contra una decisión de la Administración-, pero que no hizo.

Detrás de Aucosa Eólica están varias de las grandes conserveras gallegas. Alfageme, Thenaisie, Pita Hermanos y Albo, con el apoyo de la firma energética Terawatio. Sólo la filial de Caixanova en el sector, Galenova, consiguió más megavatios que ella. Siete parques -Chan da Fonte, Monte da Pena, Pena de Ferro, Malvar, O Sino, Monte de San Xoán y Monte Lousado- con un total de 216 MW de potencia. Viraventos está gestionada por Guillermo Sánchez Vilariño, el ex presidente de la patronal en Lugo. En su caso, el reparto le otorgó dos parques -Serra da Lagoa y Vilouzán-, que suman medio centenar de megavatios.

Con su auto de suspensión cautelar, el TSXG se hacía eco de la denuncia de Muíños de Vento Galegos, Madorna, un grupo liderado por José Lorenzo Cotelo, empresario coruñés ligado al sector de la construcción, aunque con varios parques en explotación, que solicitaba unos 400 MW a la anterior Consellería de Innovación e Industria. El tribunal apostó por poner un punto y seguido al procedimiento para revisar la legalidad apelando a las "posibles tercera sociedades afectadas e incluso el propio interés público". La resolución se hace eco de la posible "responsabilidad en cascada de reclamaciones en cuantías de considerable importe tal vez" y por los posibles daños y perjuicios "difíciles de reparar". La suspensión es, según el TSXG, "cuando menos aconsejable".

Tanto las empresas con tradición en la explotación del viento como los nuevos promotores coinciden en sus temores. En que el reparto de potencia en molinos acabe en la maraña de los tribunales y el negocio se hunda en una continua "inseguridad jurídica".

Cada vez que coinciden Fernando Blanco y Bernardo Tahoces salta a escena el concurso eólico. El primero fue el máximo responsable de organizarlo en el bipartito como conselleiro de Industria, y al segundo, como director xeral, le toca ahora desmontarlo y preparar un nuevo. Ayer, en comisión parlamentaria, los roces volvieron a aflorar a cuenta de si la Xunta defendió o no ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los recursos presentados por las empresas promotoras.

Fernando Blanco está convencido de que el Gobierno gallego hizo poco por la defensa del concurso eólico a pesar, de que, dice, contaba con un informe de la Asesoría Xurídica del mes de junio que avalaba la legalidad del decreto eólico.

La réplica se la dio Tahoces, asegurando que no es un "informe", sino un "acto procesal" que la Xunta tuvo que presentar "desde un punto de vista institucional" para responder a una demanda de Endesa. El director xeral de Industria añadió que el verdadero informe que argumenta la suspensión del concurso eólico se elaboró un mes de después, algo que no convenció al ex conselleiro.

En éstas, titular de Industria con el bipartito Fernando Blanco reprochó a Bernardo Tahoces sus "saltos" de opinión, pues le recordó que en el pasado le había felicitado por introducir la participación pública como un criterio a la hora de adjudicar los nuevo parques eólicos.

Ante esto, el director xeral de Industria designado tras la llegada de los populares a la Xunta le respondió que su coherencia es total puesto que también se puede participar en los beneficios de las empresas a través del canon.