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MARÍA J. AIRA | A CORUÑA El debate sobre reforma laboral está abierto. Aunque sindicatos y empresarios están de acuerdo en que algo tiene que cambiar, todavía no han conseguido llegar a un acuerdo para establecer qué hacer, cómo y en qué términos. La cuestión se complica cuando se trata de saber quién tendrá que dar su brazo a torcer. ¿Por qué el sistema de contratación en España servía durante los tiempos de bonanza económica y no ahora? ¿Son los trabajadores los que tienen que pagar los platos rotos de la crisis financiera? ¿Se reduce el discurso empresarial a pedir el abaratamiento del despido?
Tanto empresarios como representantes sindicales coinciden en la necesidad de que el modelo de contratación ya no sirve, y así lo corroboran datos e informes de organismos nacionales e internacionales. Alta tasa de temporalidad, excesiva protección del empleo fijo, falta de correlación entre la productividad y los salarios, el desmesurado gasto social, o la elevada fiscalidad sobre el empleo son algunos de los problemas que se le atribuyen al sistema de contratación en España.
"Estamos de acuerdo en que el mercado hay que reformarlo, los sindicatos nunca nos hemos opuesto a que haya cambios, pero lo que no se puede permitir es que tengan que ser siempre los trabajadores los que soporten el peso de la crisis. El 90% de los contratos que se hacen en España son temporales y eso ya es flexibilidad, hay instrumentos suficientes para adaptar los trabajadores a las circunstancias de la producción", asegura Maica Bouza, economista y secretaria de Emprego de CCOO y añade que "España es el país con mayor número de contratos temporales de Europa".
De hecho, desde que en 1984 -con la primera reforma laboral- se introdujo el contrato eventual (de fomento del empleo) para reducir una tasa de paro que llegaba al 20,6%, el índice de temporalidad no ha dejado de subir, pese a las sucesivas reformas que trataron de fomentar el contrato indefinido.
La búsqueda de trabajo fijo ha sido, sin embargo, un objetivo en el mercado laboral español, una característica que en el último informe sobre la situación económica de España del BBVA se identifica como un problema "heredado del franquismo".
De esta forma, desde el sector empresarial defienden que la configuración de los modelos laborales de cada país dependen de la cultura de cada país. "Lo que pasa en otros mercados, y va un poco con el carácter de la gente, es que los gobiernos se han ocupado en buscar entornos muy permeables donde la gente pueda saltar de trabajos continuamente, de forma que la estabilidad no viene dada por la permanencia en una empresa, sino que viene por la permeabilidad del mercado, son ejemplos los entornos europeo y americano", asegura Pablo Ferreiro, director de Recursos Humanos de Blusens.
Ferreiro confirma que en los países europeos una de las características fundamentales es que la formación es un factor clave, lo que permite mayor flexibilidad a la hora de recolocar a los trabajadores.
La necesidad de impulsar la formación entre los empleados es una opinión unánime a todos los agentes sociales. "Es necesario encontrar fórmulas que fomenten la contratación sin perjudicar a los trabajadores: hay que pensar cuáles son los sectores emergentes (los vinculados con los problemas medioambientales, como la agricultura ecológica, las energías renovables, o los socio-sanitarios) y formar a la gente en ellos, porque no queda más remedio que reordenar el modelo de desarrollo", asegura el decano de la facultad de Socioloxía de la Universidade da Coruña.
El problema viene a la hora de definir las peticiones concretas que demandan organismos como la CEOE o el Banco de España y que abogan por medidas basadas en el ahorro de costes laborales. De esta forma, la Confederación de Empresarios de A Coruña publica en su página web su estudio de Propuestas ante la crisis y de ellas se destacan, además de la necesidad de fomentar la formación, el requisito de "reducir los parámetros de indemnización" en los despidos, la disminución "de la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social que soporta el empresario", así como "moderar las subidas salariales en la negociación y del salario mínimo interprofesional".
La transformación de la estructura productiva es necesaria para salir de la crisis, según los expertos y tanto empresarios como sindicatos apoyan la teoría, pero ese cambio, que supone, entre otras medidas, un modelo de crecimiento económico en el que no tenga tanto peso la construcción, implica un proceso largo.
¿Es entonces la reforma laboral una opción fácil y rápida? Eduardo Rego asegura que sí, pero que los problemas no desaparecerán al reducir los costes laborales. "Lo que plantean los empresarios no es nada nuevo, un poco falta de imaginación y recurrir a lo más fácil, que son los trabajadores. La crisis no se va a solucionar por tener una mano de obra más barata y desprotegida. Reducir los costes del trabajo puede tener repercusiones a muy corto plazo, pero esa no es la solución", asegura.
Santiago Vázquez, director de Recursos Humanos de R, explica que la reforma laboral no puede ser "en ningún caso rápida y fácil", porque conlleva "cambios estructurales".
Reconoce que el problema no reside en el abaratamiento del despido "porque despedir en España ya es baratísimo", y pone el acento en las condiciones de acceso al mercado laboral: "Lo que no es sostenible es un país con 4 millones de parados. Ahora las empresas necesitan flexibilidad para contratar y sí un abaratamiento de la contratación, no de los despidos. La flexibilidad tiene que estar acompañada de la seguridad, el modelo ideal es la flexiseguridad, que ya se hace en Dinamarca con éxito. No se trata de abaratar el despido".
Los sectores empresariales ven una salida viable en la flexiseguridad, que consiste en combinar la facilidad en la contratación y el despido, con mayor formación y ayudas estatales para que cambiar de puesto de trabajo no sea un trauma. "Hay otros entornos laborales en los que se entiende que una persona que tenga una trayectoria curricular de 20 empresas enriquece la candidatura al puesto, no es como en España, que cuando vemos que una persona lleva 14 empleos lo que hacemos es pensar mal. El nuestro es un modelo estanco", explica Pablo Ferreiro.
El problema que se plantea con la flexiseguridad para organismos como la Confederación Europea de Sindicatos es, dicen, el recorte de derechos sociales que implica por la inestabilidad de los sistemas de protección social.
El debate entre Gobierno, fuerzas políticas y agentes sociales sigue sobre la mesa y congelado. La cuestión es cuánto tiempo más tendrán que esperar los casi 4 millones de parados.
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