JULIO PÉREZ | A CORUÑA
Detrás de cada repunte de la morosidad está la historia de cientos de empresas y familias en números rojos. En la cota máxima de los últimos trece años, casi un 5% de los préstamos concedidos por el sector financiero muy probablemente no se recuperen. Y con todos los créditos y las hipotecas que se firmado en los últimos años en España, al calor de los bajos tipos de interés, pues son muchos los que ahora, con el revés de la economía, no pueden hacer frente a la deuda con cajas de ahorros y bancos. La mejor prueba es que el volumen de embargos está también en niveles desconocidos hasta la fecha. En el primer semestre de este año, el número de viviendas confiscadas por orden judicial se disparó en Galicia por encima de las 1.000. Casi seis embargos por día en la comunidad y casi el doble que en la primera mitad del pasado ejercicio.
Una constante, la del incremento en las órdenes de los tribunales ante las notificaciones de impago, desde el último trimestre de 2007. Entonces, en la comunidad se embargaron 229 inmuebles. Entre abril y junio del actual 2009, la cifra ascendió a 531, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Hubo un momento en que parecía que la tendencia se rompía, con la ligera caída que experimentó el arranque de este año frente al cierre de 2008, de un 5% -eso sí, en la comparación interanual, se mantenía el alza, por encima del 77%-, pero lo ocurrido en los últimos meses demuestra todo lo contrario.
Y que quizás la crisis empieza a notarse ahora en Galicia con especial virulencia. Hasta ahora, la tremenda evolución de la estadística de las ejecuciones hipotecarias se contenía en Galicia en comparación con el resto del país. Siempre más baja que la media nacional, y con la hipótesis que habitualmente manejan las entidades financieras de que los gallegos suelen tirar de donde sea para pagar las deudas, que los impagos en la comunidad son menos frecuentes que en otras regiones. El comportamiento de los datos de Galicia ha dado totalmente la vuelta en el segundo trimestre del año, con una de las mayores alzas en los embargos. Por delante están La Rioja (139%), Aragón y Canarias (124%), Navarra (112%), Madrid (101%) y Andalucía (91%). Incluso esta vez también el aumento experimentado en la comunidad es cinco puntos más alto que la media nacional, del 83%.
Con la vista atrás, desde que se inició el aumento de las ejecuciones judiciales, el número total de viviendas embargadas en Galicia asciende a 2.600. Hay un fuerte desequilibrio entre los impagos en las provincias atlánticas y las de interior, en proporción también al tamaño de su mercado inmobiliario y de población. La evolución entre 2007 y 2008 supera el 88% en A Coruña y el 100% en Pontevedra mientras que en Lugo es del 85% y en Ourense, uno de los registros más bajos, según el Consejo General del Poder Judicial, de sólo el 57%. Los porcentajes este año van por otro camino. Sólo en A Coruña, el porcentaje de ejecuciones hipotecarias aumentó un 45% en el segundo trimestre del año y la provincia ya acumula 410 embargos en 2009.
El primer consejo que cualquier asesor le dará ante la falta de liquidez es, claro, que nunca deje de pagar la hipoteca. Tres cuotas sin abonar y se encienden las luces rojas en la entidad financiera en cuestión, que le pedirá que suelte cuanto antes el dinero. De lo contrario, la caja o el banco iniciará la ahora conocidísima como ejecución hipotecaria. El proceso se abre con una demanda ante los tribunales para romper el contrato entre el hipotecado y la entidad. El juzgado reclamará todo el crédito y con los intereses correspondientes. A diferencia del embargo convencional, el precio de la vivienda es el que recoge la hipoteca. No hay que tasarla, con lo que también se ahorra tiempo en el proceso. La entidad financiera correspondiente tiene la opción de pedir de nuevo la deuda o aplicar directamente la ejecución.
