JULIO PÉREZ | A CORUÑA De una tanda y tras las innumerables quejas de la oposición y de la patronal eólica, la Consellería de Economía e Industria recibe cuatro balones de oxígeno para sacar adelante sus planes para el sector. Para la implantación de un canon a los parques por el supuesto impacto en el entorno y la ley que lo regula y que pondrá el punto y final al anterior proceso de reparto de potencia impulsado por el bipartito. Los tres informes encargados a tres catedráticos de universidades madrileñas respaldan "la seguridad plena y absoluta" de la normativa y su respeto "al ordenamiento jurídico español", según el departamento que dirige Javier Guerra.

El documento pasó ayer también el trámite del Consejo Económico y Social (CES), con un dictamen sin apenas sugerencias y cambios, aprobado por unanimidad. La intención del Gobierno gallego es aprobar la ley en Consello de la próxima semana para que a principios del mes que viene entre en el Parlamento.

Al margen de las cuestiones menores sobre determinados términos o la redacción del proyecto de ley, lo más destacado de la resolución del organismo que preside Pablo Egerique es la petición a Industria para que elimine de la exposición de motivos todos los contenidos "más propios del debate político" -en referencia a las causas que han llevado a los populares a paralizar el discutido concurso de los 2.300 megavatios- y para que "especifique" para así lograr "mayor seguridad jurídica" los criterios para las nuevas subastas de potencia.

El CES "no entra a valorar" el procedimiento elegido para suspender los proyectos de parques admitidos a trámite en la anterior legislatura, pero sí lanza dos avisos en este sentido. El primero, "la necesidad" de que haga lo que se haga "se garanticen al máximo lo legítimos derechos de los administrados". Es decir, de los promotores que consiguieron parques con el concurso paralizado. Y segundo, y ante el cruce de recursos administrativos y demandas en los tribunales entre unos y otros, la "necesidad" también "de evitar" que el proceso "se convierta en un lastre para el desarrollo futuro del sector".

Urgencia

El resto de consideraciones son menores. Y pocas. Lo que explica que el CES resuelva el dictamen en tres hojas y media, pese al revuelo que levantaron muchas de las medidas contempladas en la ley entre las empresas del negocio del viento en Galicia y los partidos de la oposición. Incluso la propia Xunta recurrió a esos tres asesores externos para garantizar la seguridad jurídica de un texto del que ya desapareció el concepto del daño al paisaje para justificar el canon y que, según la patronal eólica, tendría entonces que aplicarse a toda industria con impacto en el entorno.

El organismo, eso sí, se queja de la utilización del trámite de urgencia con éste y otro anteproyecto "transcendentales" en sólo un mes, lo que "va en detrimento de la calidad" de su labor consultiva.