La crisis y el paro han convertido las prejubilaciones en un mal menor, pero las asociaciones que los agrupan advierten de la pérdida del poder adquisitivo y la indefensión que provocan las jubilaciones anticipadas. El profesor José Carrillo Verdún, con una dilatada trayectoria en grandes empresas, algunas del sector de la banca, preside la federación madrileña de asociaciones de prejubilados y pensionistas y defiende un sistema menos restrictivo en el que cada trabajador decida sobre su pensión y la duración de su vida laboral

L. COSTAS | A CORUÑA José Carrillo es doctor en Informática y profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, preside la Femas y fue uno de los ponentes que participaron en las jornadas Envejecimiento laboral y prejubilación: Dilemas y problemas socioeconómicos organizadas por la Facultad de Sociología de A Coruña clausuradas ayer. Carrillo exige que el Gobierno permita a los prejubilados participar en las decisiones que les afectan a través de un Consejo Económico y Social de mayores que defienda sus intereses. "Once millones de personas quitan y ponen gobiernos", advierte.

-El mercado laboral considera mayores a los que pasan de 40, pero instituciones como el Banco de España recomiendan retrasar la edad de jubilación. ¿Con qué nos quedamos?

-Estamos en una sociedad enferma. Deberían eliminarse las restricciones y que la jubilación sea un derecho. Las bases de cotización deben estar más próximas al salario real del trabajador y los empleados deben concienciarse de que tienen que colaborar en la construcción de su pensión futura, como una de las principales inversiones de su vida y no los planes de pensiones privados. La idea es que cotice por lo que realmente cobra, que sea dueño de la pensión que va a percibir y que haya un pacto de Estado que asegure que el sistema es inmutable para evitar la actual inseguridad jurídica. No hay que alargar la vida profesional, es el trabajador el que debe decidir si la alarga. Si pago unos impuestos para tener una pensión, cuando llegue a la edad, la tengo que cobrar y si quiero seguir trabajando, no me lo pueden impedir. La empresa, el trabajador y el sindicato deben evaluar si puedo seguir trabajando con 80 años.

-¿Qué reforma propone para aumentar la representación de los prejubilados?

-Queremos ser copartícipes de las decisiones que afecten al colectivo, teniendo en cuenta que el de los pensionistas va a ser uno de los principales problemas de España en los próximos años. Parece que no habrá problemas con las pensiones, pero a ver hasta dónde llega esta crisis porque el problema es la capacidad de recaudación de la Seguridad Social. Proponemos un Consejo Económico y Social de mayores que funcione como un órgano consultivo del Gobierno. Somos 11 millones y eso exige que se nos consulte antes de tomar cualquier decisión. Once millones de personas quitan y ponen gobiernos y se le tiene un miedo atroz a lo que pueda producirse la gerontocracia. El problema es que nuestro colectivo no tiene conciencia de su poder.

-¿Qué le parece la figura de los facilitadores de crédito para mediar entre la banca y pymes?

-Lo que está haciendo la banca es aplicar criterios que antes no había aplicado. Se pensó que el boom de la construcción era interminable y esto arrastra a las empresas que facilitan el crédito y llegó un momento en que no era viable. Esta medida me parece bien porque dará ingresos a los prejubilados pero no sé si conseguirá el objetivo.

-Los sindicatos se quejan mucho del abuso de las prejubilaciones para reducir plantilla. ¿Hace falta una reforma del sistema en este sentido?

-Sí. En el vacío que hay respecto a los despidos vestidos de prejubilaciones también tienen la llave los sindicatos, que participan en las negociaciones. Reducir las plantillas aplicando un criterio de edad es maquiavélico e inconstitucional. Hay que estudiar la capacidad de cada persona y si la empresa tiene dificultades, tendrá que reducir la plantilla pero no aplicando este criterio. Estoy esperando a que los sindicatos pongan una oficina de empleo porque ellos deberían conocer qué empresas necesitan personal y dónde sobran. Así tendrían más afiliados. Funcionarios ya tenemos bastantes.

-¿No se debería evitar que estas operaciones fuesen menos rentables?

-Desde luego, son rentables. Las empresas españolas no gestionan recursos humanos, el principal criterio para decidir cuántos trabajadores faltan o sobran son los costes, pero no se mide la aportación del trabajador a la empresa.