ALFONSO PAJUELO
Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tienen licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Siguen las huellas de Bilbao -que ya ofrece conexión a internet libre y gratuita a través de WiFi en los doce centros municipales de distrito de la ciudad, así como en la Plaza Nueva y propone ampliar las zonas WiFi a las calles peatonales-. La legislación no permite que las Administraciones den acceso a internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario.
La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.
Se lo dejaba claro la CMT a Barcelona con el veto a su propuesta Premium: ni la ley ni el regulador quieren dejar sitio a servicios que atenten contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado. La duración de la conexión estará limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha- y se prohiben las descargas y el acceso a ciertos contenidos. WiFi Ciutadá sólo podrá ser gratis durante un año, cuando el Instituto Municipal de Informática de Barcelona (IMI) pedía tres. Después tendrá que buscar alguna fórmula de pago o patrocinio publicitario. Y tendrá que volver a recibir el beneplácito para el replanteamiento de su servicio Premium. Será -espera el consistorio catalán- cuando la nueva regulación esté ya sobre la mesa. Por si acaso, es la ciudad condal la primera en despejar una tercera vía con las telecos. El Ayuntamiento quiere implicar al sector privado (incluso a las operadoras de telefonía) en el Barcelona WiFi -la mayor red de acceso libre de España, con 200 puntos de acceso disponibles este verano y 500 a finales del 2010- para usos afectados por las restricciones establecidas por la CMT al proyecto, como la telefonía IP, las videoconferencias o las descargas.
Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se elevó a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes (Sociedades IBI, etc.), las telecos abonan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas -son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.
Después de cuatro años de guerra abierta -en tablas hasta ahora, las compañías de móviles se habían negado a pagar mayoritariamente y han generado cerca de 2.000 procedimientos judiciales- la avidez de los municipios ha reabierto las grietas del desencuentro. Tras el antecedente de Crevillent -ha presentado alegaciones contra la ordenanza aprobada provisionalmente el 29 de junio- Redtel está dispuesta a recurrir, una a una, la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Ya lo han hecho con la cantidad de 53.926 euros que el Ayuntamiento de Salobreña espera reclamarles a Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo por la utilización del dominio público local. Las operadoras ya pagan el Impuesto de Actividades Económicas y están gravadas por el Estado por la utilización del dominio público que utilizan (el espectro radioeléctrico), a través de una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
Aunque los operadores reconocen la validez de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se justifica el canon por ocupación del dominio público local, recuerdan que en telefonía móvil la mayoría de llamadas se canalizan a través del espectro radioeléctrico por el que ya satisfacen una tasa al Estado. Y niegan que la sentencia del Tribunal Supremo de abril en la que se ratificaba otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba ajustada a derecho esta nueva tasa, sea aplicable nada más que al municipio de Badalona, para el que fue dictada. Miran a las sentencias favorables al sector en la cuantía de las tasas en los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, País Vasco, Canarias, La Rioja y Madrid. Sólo tienen ojos para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.
