A La Moncloa se le complica el nasciturus de la Ley de Economía Sostenible. Iba a ser el frankenstein e todas sus maravillas, el paraguas capaz de catapultar a las estancadas leyes de Ciencia y Pesca, a la regulación de las renovables y los pactos de estado de energía y educación. El Ejecutivo quiso acelerar al máximo su tramitación para aprobarla con los presupuestos del Estado, buscó una "lluvia de ideas" y aspiraba a contar con el apoyo de la patronal y los sindicatos. Todo con tal de acabar de dar a luz el que iba a ser el motor de un nuevo modelo productivo. Pero la gestación viene preñada de tijeretazos en I+D+i y la guerra al sector de las renovables, no le llega la corona del cambio climático. Y los que iban a ser sus padrinos, Garmendia, Caldera y Sebastián le dan la espalda. Para empezar, antes de ver la luz ya cuenta con el repudio del Círculo de Empresarios, que, pide al Gobierno que deje de "hacer de aprendiz de brujo". Por ahora, Zapatero, de la Vega y Salgado, el terceto que la cocina, la han devuelto al horno hasta finales de noviembre.
Cosa de días, demasiada complejidad, dicen en Moncloa, pero el Consejo de Ministros debía haberla remitido al Congreso el 16 de octubre. Será la ofrenda de paz para Sebastián-con la promesa de potenciar su ahorro energético- y para Garmendia, con vía libre a su Ley de Ciencia. Ya la semana pasada, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, postergó la Conferencia de Presidentes autonómicos anunciada para debatir el proyecto a finales de noviembre. Y Economía busca sitio y fechas para el fondo de financiación de 20.000 millones -10.000 los aportaría el Instituto de Crédito Oficial y otros 10.000 las entidades financieras privadas-: o elaborar una norma específica para agilizarla o dejarla en el cajón de los pendientes -ya que si se hiciera su puesta en marcha se retrasaría hasta que acabara la tramitación parlamentaria varios meses- y apostar por un simple mandato al ICO para que ponga en marcha las líneas de crédito, tras reunirse con las entidades financieras.
Zapatero consiguió aplacar las primeras rebeliones en el Consejo de Ministros, en septiembre, pero la publicidad de los ingresos del Gobierno volvió a agitar todas las aguas en Ferraz: una amplia mayoría de los barones y los ministros -con Caldera y Bono a la cabeza- se negaba. La rebelión de los exiliados llega tan lejos que Blanco le ha recordado a Pedro Solbes y a Jordi Sevilla "porqué prescindió de ellos Zapatero". Hasta Sebastián y Corbacho le manchan el estreno de la segunda entrega del Plan E a Chaves: serán cosas de la pedagogía, pero el mismo día que el ministro de Política Territorial vestía la promesa de sus 200.000 nuevos puestos de trabajo -ni Salgado ni Moncloa le han querido poner números- Corbacho y De la Vega alertaban del fantasma del desempleo.
De la rebelión energética, la guerra de las renovables y el escozor de los tijeretazos, los ministros han pasado al laissez faire ante los PGE, hasta Celestino Corbacho -sin línea directa con Salgado más de una vez en las últimas semanas- se apunta al sálvese quien pueda. A Chaves sí le han despejado el calendario del Plan de Local, para que llegara a tiempo, pero con recortes -no son 8.000 sino 5.000 millones-, habrá que esperar a la Ley de Economía Sostenible para su ejecución en detalle y el 36% de los 5.000 millones del nuevo Plan E es gasto corriente. Entre los viejos barones, esta vez sólo Pérez- Rubalcaba -uno de sus padrinos- asesoró a Elena Salgado en el debate de Presupuestos. Los silencios socialistas no opacan los recelos de muchos de sus compañeros, ni menos aún su perfil menguante, en beneficio de Zapatero y de la Oficina Económica de Moncloa.
Los vaivenes de Zapatero le siguen pasando por encima a Francisco Fernández Marugán, al que le encargaron encajar todos los flecos del puzzle presupuestario. Y la brújula de la fiscalidad verde le baila aún a Salgado. La cocina para la Ley Sostenible, pero lo hace en las ollas de la voluntad de Zapatero: fue él mismo, tras su encuentro con Sarkozy en París, el encargado de desmentir a la vicepresidenta y abrirle la puerta a alguna tasa al consumo de combustibles o al CO2. Y dejó que Hugo Morán, el Secretario de Medio Ambiente del PSOE, avanzara la penalización al CO2 en los automóviles o exenciones fiscales verdes para la nueva Ley de Economía Sostenible. La Moncloa no quiere ser menos que el resto de la UE con la penalización al CO2, pero copia sin detalles la opción de Sarkozy y azuza los desencuentros.
