X. A. TABOADA SANTIAGO El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado una sentencia por la que anula los parques eólicos concedidos por el bipartito a los ayuntamientos para su explotación como una fuente de recursos económicos. Fueron en total 100 megavatios adjudicados en julio de 2007 a 50 municipios. Ésta es la segunda sentencia en menos de un mes del alto tribunal gallego contra una resolución del bipartito en materia eólica, porque en septiembre también ordenó la suspensión del concurso por el que se concedieron 2.300 megavatios, que ya estaba paralizado por el nuevo Gobierno, que llevará antes de fin de año al Parlamento una nueva ley para regular el sector.


Lo que hace el último fallo del TSXG es anular la resolución del 11 de julio por la que se admitían a trámite los llamados parques eólicos singulares concedidos a los ayuntamientos para su gestión. La razón de esta decisión, según informó ayer la Consellería de Economía e Industria, es la "falta de motivación" del reparto, al no establecer la Xunta "de forma concreta e individualizada las causas que determinaron la selección y exclusión de proyectos".


La defensa del bipartito en el proceso judicial -promovido por la patronal eólica- contra la adjudicación de los parques eólicos argumentó que si bien las causas de selección y exclusión no figuraban en la resolución, sí aparecían en un informe técnico realizado por el Instituto Enerxético de Galicia.


"El alto tribunal gallego sostiene en el fallo judicial que el Inega no realizó un informe, sino que lo fue adecuando a lo que acordaba la comisión de valoración", asegura la Consellería de Economía.


Tras la sentencia, es la actual Xunta la que deberá de nuevo resolver la convocatoria de autorización de parques eólicos singulares, cuya historia arranca en diciembre de 2004.


Fue el último Gobierno de Fraga el que puso en marcha estas instalaciones destinadas a su explotación por parte de los municipios. Inicialmente se sacaron a concurso 100 megavatios, pero la Xunta se vio desbordada por las peticiones de un total de 114 municipios que llegaban a los 300 megavatios de potencia. A un mes de las elecciones autonómicas de 2005, la Xunta abrió la mano y tras modificar la orden de convocatoria, concedió todos los parques solicitados.


Esto fue precisamente lo que dio pie al bipartito, en febrero de 2007, para que anulara esas concesiones, alegando que el Gobierno de Fraga había cambiado sustancialmente las condiciones de la orden sin abrir un nuevo plazo para la presentación de solicitudes. El bipartito volvió a realizar el reparto, en julio de 2007, pero sólo con 100 megavatios en juego. Y esta adjudicación es la que acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.