P. P / AGENCIAS | SANTIAGO
La anulación de las concesiones eólicas adjudicadas por el bipartito a los ayuntamientos obligará a la Consellería de Economía e Industria a evaluar de nuevo los proyectos. Este trámite se alargará entre ocho meses y un año, según aseguró ayer el propio director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces. Este alto cargo lamentó que se produzca "un nuevo parón" en el sector debido a la falta de seguridad jurídica del anterior Gobierno. Los municipios afectados lamentan la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) y reclaman a la Administración gallega que "agilice" al máximo los plazos para adjudicar los megavatios. El proceso afecta a un total de 100 megavatios que fueron admitidos a trámite en julio de 2007. El Alto Tribunal anuló la concesión alegando que la selección no estaba suficientemente justificada con informes que la avalasen.
Sin embargo, el ex conselleiro de Innovación de la Xunta, el nacionalista Fernando Blanco, defendió ayer que la concesión de estos parques singulares "reunía los requisitos que ponían sobre la mesa en aquel momento". "Se escogieron los mejores y los más viables proyectos posibles", argumentó.
Tahoces, sin embargo, advirtió que la sentencia del TSXG es "una muestra más" de que en el anterior Gobierno "la seguridad jurídica brillaba por su ausencia". En septiembre el Alto Tribunal también había dictaminado la suspensión del concurso eólico por el que se repartían 2.300 megavatios. "Es un nuevo parón en un sector que ya está parado", se quejó el director xeral de Industria. En el caso de los concellos, los parques eólicos singulares habían sido admitidos a trámite pero aún no contaban con una autorización definitiva, de manera que ningún ayuntamiento había empezado a instalarlos. Por esta razón la Consellería de Industria apunta que no será necesario indemnizar a los afectados.
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