J. PÉREZ | VIGO
A la vista de los últimos movimientos en el sector, con la irrupción con fuerza del Sistema Institucional de Protección (SIP) como una posible herramienta para reforzarse sin recurrir a fusiones, la Comunidad de Madrid trabaja ya en una reforma de su ley de cajas para garantizar su voz y, lo que es más importante, el control en las posibles alianzas que pueda protagonizar Caja Madrid.
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pretende tener capacidad de veto sobre cualquier fusión virtual. En Galicia, la Xunta considera que la actual ley le permite ejercer esa opción de control en el caso de plantearse una alianza.
La reforma legal que impulsa el Gobierno madrileño tiene su antecedente más inmediato en la que aprobó recientemente la Junta de Andalucía, con su presidente, José Antonio Griñán, al frente, donde están en marcha la fusión de Unicaja y Caja Sur como primer paso a integrar luego a Caja Jaén. Entre las entidades que quedan en la comunidad, Cajasol, que mira a la vecina Extremadura precisamente para un SIP.
En el caso de la normativa gallega, la fórmula no aparece de forma explícita, pero sí la filosofía de estas alianzas para "reducir los costes operativos, aumentar la eficiencia y participar con volumen suficiente en los mercados internacionales del capital". Un SIP, pero en otras palabras. La Consellería de Facenda debe autorizarlo, aunque sólo bajo dos premisas: que los pactos "no impliquen menoscabo de la independencia" de la caja o "peligro para su estabilidad económico-financiera". Al artículo 35.3 se agarra la Xunta para dar por hecho que tiene capacidad de veto de darse esta situación.
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