La Xunta apremia a Caixa Galicia y Caixanova para propiciar una fusión

REDACCIÓN | A CORUÑA La Xunta quiere una fusión de Caixa Galicia y Caixanova y apremia a los responsables de las cajas para encontrar una solución al mapa financiero gallego en un momento de reordenación del sector en toda España. Si el pasado jueves el presidente Núñez Feijóo emplazó a las dos cajas a presentar una propuesta conjunta sobre su futuro, ayer defendió unas entidades financieras gallegas capaces de resistir "las políticas de concentración que en este momento se están planteando en toda España".

"Supongo que todos los empresarios y todos los ahorradores de Galicia queremos la misma cosa; que Galicia no desaparezca del marco financiero español", dijo ayer el presidente, en Pontevedra, tras la inauguración de la exposición Galicia Digital . La Xunta ha mantenido ya varias reuniones con los equipos de las dos cajas y se intensificarán en los próximos días porque, aunque el compromiso del presidente es plantear una propuesta antes de que finalice el año, pretende adoptar una decisión este mes. Mientras Caixa Galicia apuesta de forma clara por la integración, Caixanova se opone a la fusión y los empresarios de Pontevedra alertan del peligro en el recorte de créditos que supondría una única caja. El presidente replicó ayer que los datos reales de la situación de las cajas sólo los tiene la Xunta y el Banco de España.

El responsable del Ejecutivo ha alertado en reiteradas ocasiones desde que se inició el proceso contra los localismos que puedan poner en peligro la creación de una única caja gallega. Sin embargo, lo cierto es que la Xunta carece de instrumentos legales que le permitan forzar una fusión en contra del criterio de las dos entidades.

Pese a las no pocas responsabilidades que la ley de cajas de Galicia atribuye a la Xunta al amparo de una labor de tutela sobre las entidades de ahorro, su papel en cualquier proceso de integración no tiene por qué ser determinante. Suelen ser las propias entidades las que dan el primer paso, con un proyecto en firme y el respaldo de sus respectivos consejos de administración, un acuerdo adoptado "independientemente" por sus asambleas generales, tanto en el caso de una hipotética fusión entre ellas como de que opten por caminos por separado. El Gobierno gallego, de la mano de la Consellería de Facenda, aparecería después. La normativa gallega no contempla en ningún momento que la operación se pueda imponer, sino una autorización "previa solicitud conjunta" de las cajas que pretenden unirse.

Los matices son fundamentales ante el intenso debate generado en las últimas semanas con el futuro del sistema financiero de la comunidad y las constantes preguntas que se plantean sobre el delicado asunto al presidente del Ejecutivo gallego. Alberto Núñez Feijóo reconoce que la última palabra está en los órganos de gobierno de Caixanova y Caixa Galicia, pero lo cierto es que, según la ley, también la primera decisión es cosa de las entidades. Los dos únicos requisitos indispensables para dar el visto bueno a la operación -incluida una fusión con una caja foránea, una posibilidad que la normativa también contempla- son que ninguna de ellas esté en liquidación ni que el proyecto suponga un perjuicio para las garantías de los impositores y acreedores. Por razones como éstas, la responsabilidad legal de las Administraciones en las entidades, en la discusión sobre la reestructuración de las cajas aquí en Galicia, y en general en la mayoría de comunidades, se mezclan los pareceres sobre la politización o no politización del sector. Y la situación es muy peculiar. Porque no son bancos y porque sin ser tampoco organismos públicos, en su naturaleza fundacional prima el carácter social, rechaza la finalidad lucrativa y coloca por encima de su dirección el protectorado de los gobiernos regionales.

En el escenario real, ¿es suficiente el interés de los responsables políticos para alimentar una fusión? Hay ejemplos claros y recientes en el sistema financiero español de que no. El más cercano, hace sólo unos días, el desmarque de Caja Burgos del proceso de integración en una sola entidad con Caja España y Caja Duero. Una operación que la Junta de Castilla y León, como mínimo, miraba con buenos ojos. El inesperado plante por las diferencias entre las cúpulas para marcar la cuota de poder de cada una en la nueva caja ha irritado al Ejecutivo leonés, que exhibe sus reproches en público a Caja Burgos.

Pero aún más evidente fue la frustrada fusión de las cajas vascas, las primeras que pensaron en integrarse cuando ni siquiera el sector empezaba a calentar su reestructuración. A finales de octubre de 2008 se presentó el proyecto, del que saldría la tercera caja española por beneficios y patrimonio. Menos de un mes después, el ambicioso proyecto se quedó a cuatro votos de salir adelante. El sector culpó directamente a la improvisación política de los impulsores, el PNV, entonces gobernando.