JULIO PÉREZ | VIGO
Ni un solo euro de los 30.000 millones previstos en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el famoso FROB, se ha movido en los casi cinco meses que lleva abierto. El Gobierno emitió los primeros 3.000 millones en deuda -así se financia- esta semana en previsión, posiblemente, de las peticiones de las dos fusiones catalanas. Pero lo cierto es que en el resto de movimientos que se dan en el sector, exclusivamente por ahora por parte de las cajas, hay unas cuantas que ya han dicho que pasan del rescate público. ¿Por qué? A primera vista parece una buena solución -y por muchas razones lo es- para aliviar los problemas evidentes de liquidez, pero es que en las entidades hay muchísimas dudas con la letra pequeña de la normativa. Éstas son los principales interrogantes, las grandes reticencias.
1- ¿Son ayudas baratas? No. De hecho, realmente son préstamos a devolver antes de cinco años. Las cajas emiten participaciones preferentes para acceder a los fondos, una combinación de renta fija y variable, por lo que es la propia entidad la que orienta el precio, aunque la Comisión Europea ya ha avisado de que los tipos de interés tendrán que ser elevados, hasta un 10%, y con la obligación de fuertes desinversiones. El mejor ejemplo de la difícil digestión de este tipo de subvenciones está en la aseguradora ING. El reintegro de los 10.000 millones con los que el Gobierno holandés acudió a su rescate le obligó a reducir a la mitad su negocio y vender partes rentables de su grupo.
2- ¿Son cuantías cerradas? Las dos fusiones que avanzan en Cataluña son, hasta ahora, los únicos dos procesos que anunciaron su interés por el FROB, los dos por encima de los 1.000 millones. Pero la cuantía depende de Economía y el Banco de España, que deciden en función del plan que presenten, con lo que podría darse el caso de tener que recurrir a parte de los fondos propios para costear la integración.
3- ¿Mejoran el capital de una entidad? El FROB actúa como una inyección en la liquidez, para tener dinero en mano. Una condición casi indispensable para poder "racionalizarse" y "redimensionarse" como obliga la normativa. Desde pagar prejubilaciones a cerrar unidades de negocio. Pero, ¿y la estructura de la entidad? Muchos expertos financieros opinan que si los pilares de una caja no están suficientemente saneados, lo único que hace el dinero público es aplazar los problemas. Y el diagnóstico se escapa muchas veces a los estados contables, tranquilizadores en general, porque en el capital mínimo que la ley les exige -el Tier1, en la jerga bancaria- se incluye habitualmente una serie de títulos, como los preferentes, que tienen unos costes, el pago de intereses, o no siempre se resta la insuficiencia de provisiones para cubrir la morosidad. La sobreexposición al sector inmobiliario, además, se deriva muchas veces a sociedades filiales que no aparecen en los balances.
4- ¿Los trámites son rápidos? Toda una necesidad ante la marejada en la que se mueve el sector, empujado por el alza de la morosidad. Pues no lo son tanto. Con todos los pasos que marca el FROB, antes o después es necesario un acuerdo del consejo de administración de las entidades, la elaboración y la aprobación también de un plan de saneamiento, la autorización de los Gobiernos regionales, del Ministerio de Economía, de las autoridades europeas y hasta de los sindicatos.
5- ¿Existe riesgo de privatización? En el caso de las cajas, las emisiones preferentes que lanzan para acceder a los fondos y que van a manos del propio FROB -al Ejecutivo central, en definitiva- son susceptibles de convertirse en cuotas participativas, el equivalente a una acción en un banco o cualquier empresa privada. Un proceso que podría darse incluso antes de que se cumplan los cinco años marcados para la devolución si, por la situación de la caja, el Banco de España considera que no estará en condiciones de cumplir. El real decreto que regula el FROB abre la puerta a la venta de esas cuotas dentro del sistema financiero, a otras cajas, pero también a bancos, en menos de cinco años y siempre que se asegure la competencia.
6- ¿Es una amenaza para la competencia en el sector? Precisamente la competencia queda en entredicho con las ayudas. Porque todas las entidades que hasta ahora oficializaron su intención de acudir a los fondos ultiman grandes fusiones en un mismo territorio. Un reciente informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales sobre la reestructuración bancaria ponía el acento en la necesidad de "extremar el celo" sobre "la viabilidad" de los procesos y las garantías de que su impacto en términos de cuota de mercado "sea el menor posible".
7- ¿Cuenta con el respaldo de Bruselas? Esta misma semana, la vicepresidenta económica del Gobierno intentó convencer a sus colegas europeos de que en España todavía no hay que poner fecha de caducidad a las ayudas públicas al sector porque aquí la crisis llegó más tarde. Pero Bruselas prevé fiscalizar una a una todas las operaciones que echen mano del FROB y advierte que la prórroga de los fondos podría suponer un problema de competencia porque la mayoría de países cerraron ya sus rescates. No sería la primera vez que la UE obliga a devolver una subvención. Y en el sector temen que ocurra.
8- ¿Quién tiene que llevar realmente la iniciativa? Evidentemente, el papel protagonista a efectos legales debería ser el Banco de España, pero la filosofía del decreto del FROB deja la iniciativa en casi todos los supuestos a las propias entidades. Son las cajas las que deben acudir al organismo con una radiografía verídica de su situación y un plan sólido de saneamiento. Algo de lo que no hay muchos precedentes en España. Incluso la elección entre las cuatro vías que recoge el fondo -desde la solución privada, sin recurrir a sus fondos, a la intervención en caso de insolvencia- depende de las propias entidades y de que la evolución que hagan de su negocio a corto plazo sea realista.
9- ¿Y si es inconstitucional? Cuatro Gobiernos regionales tienen abierto un conflicto de constitucionalidad con el Estado por el FROB. Entre ellos, Galicia, que se queja de que una vulneración de sus competencias. La mesa de negociación todavía no se abrió y, en caso de que se cierre sin acuerdo, tendría que posicionarse el Tribunal Constitucional, que podría paralizar la aplicación del real decreto hasta que dicte su sentencia.
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