J. PÉREZ / I. BASCOY | VIGO
Al calor de las declaraciones políticas, de las noticias que todos los días salpican la prensa, los movimientos en firme de los protagonistas... el sector financiero español está plagado de rumores. En el ecuador de la reforma del mapa de las cajas de ahorros en España, hay uno de ellos que vuelve a colarse con fuerza en el debate, porque ya dio mucho que hablar hace unos cuantos meses, y que diversas fuentes apuntan como una operación que podría estar ya encauzada. Allá por agosto, cuando la reestructuración consumía muchas menos horas del discurso político y económico, Caja Madrid desveló su propósito de buscar una fusión con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y con Caixa Galicia. La entidad gallega se apuró a desmentir, comunicado de por medio, su interés en una integración de esas características y el presidente de la Xunta fue tajante. No entraba ni de broma en sus planes. ¿Por qué ahora los analistas vuelven a tener los ojos puestos en el trío?
Desde entonces las cosas cambiaron. Mucho. Hay tres comunidades con su nuevo puzzle encauzado -Cataluña, Andalucía y Castilla y León, pese a que en este último caso Caja Burgos se haya desvinculado del pacto con Caja España y Caja Duero-, un SIP en ciernes y otros posibles en negociación. El margen de actuación se estrecha. Pese a la vocación de la Generalitat valenciana de unir a todas sus entidades en una, la CAM se resiste. Y, sobre todo, las reticencias empresariales y de la propia Caixanova a una fusión con la caja coruñesa, obligan al equipo liderado por José Luis Méndez a pensar en su famoso "plan b".
"El plan b ha sido siempre la opción con Caja Madrid y con CAM", apunta una fuente conocedora de las intenciones de la caja coruñesa. Con el matiz, además, de que ahora Caja Madrid, la que encabezó en verano los intentos de acercamiento entre las tres, ya no apuesta sólo por una fusión total, sino por una alianza que permita a cada una de ellas mantener su identidad.
Lo que explica, entre otras cosas, que la Comunidad de Madrid y su presidenta, Esperanza Aguirre, haya acelerado los trámites para reformar su ley del sector con el gran objetivo de regular los famosos SIP y así garantizarse voz, y probablemente voto, en cualquier decisión de este tipo que tome la cúpula de su caja. ¿Y quién estará en breve al frente? Rodrigo Rato, un hombre fuerte del PP. Una puerta abierta a negociar con los otros dos gobiernos regionales implicados en la operación. Tanto Galicia como la Comunidad Valenciana están gestionadas por el partido.
El informe en el que se basó Caja Madrid para soltar una de las bombas económicas del verano recoge la supuesta inviabilidad de fusiones internas en territorio gallego y valenciano por la excesiva concentración de los riesgos y la gran reducción de plantillas y sucursales que se necesitaría. Una de las razones a los que también se acogen los opositores a la integración de Caixanova y Caixa Galicia.
A todo esto, ¿qué pasa en la Comunidad Valenciana? Francisco Camps reunió hace una semana a los responsables de la CAM, de Bancaja y Caixa Ontinyent para plantearles, para apurar una fusión de las tres. La eterna rivalidad de CAM, asentada en Alicante, y Bancaja, de Valencia, es un obstáculo, de momento, insalvable. Especialmente por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la que Camps ya ha avisado que está dispuesto vetar cualquier operación con Caja Madrid.
En Caja Madrid guardan silencio. "No entramos a valorar ni a comentar", señalaba ayer un portavoz. Pese a su tamaño -es la segunda caja por detrás de La Caixa-, la caja no descarta entrar en alguna operación. Al contrario. Sus directivos siempre han dicho que están abiertos y receptivos a los cambios en el sector.
La intención de Caixa Galicia sigue siendo buscar "la mejor alternativa para la comunidad". Sin más detalles. Lo que se traduce, según fuentes cercanas a la caja coruñesa, en buscar todas las alternativas posibles ante el complicado encaje con Caixanova. La entidad se ha planteado diferentes escenarios, atenta a cualquier movimiento que se de y, como casi prácticamente el resto del sector, habla con todos y con las limitaciones que les impone el silencio del Gobierno gallego. En el seno de Caixa Galicia no están dispuestos a avanzar en operaciones que luego no cuenten con el visto bueno de la Xunta. Optan por "un discreto segundo plano".
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