Más de 6.000 gallegos demandaron a su empresa desde enero por impago de sueldo

Los sindicatos aseguran que miles de trabajadores renuncian a un proceso judicial que no dura menos de ocho meses. Firman un pacto con la empresa para poder cobrar el paro a cambio de no cobrar las deudas

 
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LUI COSTAS | A CORUÑA Más de seis mil asalariados gallegos han demandado desde el inicio del año a su empresa por el impago del salario convenido en su contrato laboral. Según las estadísticas del Servicio de Mediación e Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Galicia, sólo en los dos primeros trimestres del año, 6.317 trabajadores acudieron a esta institución para denunciar el incumplimiento de su contrato laboral por impago o retraso en el abono de los salarios, una falta que la legislación considera grave cuando se produce durante más de tres meses seguidos y que permite al empleado solicitar la extinción del contrato por grave incumplimiento. En estos casos, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización equivalente a la del despido improcedente, de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades.

La provincia de A Coruña, con 3.371 demandas, está a la cabeza de Galicia en este tipo de conflictos, seguida, aunque de lejos por Pontevedra, que acumula 1.087 reclamaciones; casi las mismas que Lugo (1.004) y algo más que Ourense (855 demandas). Los sindicatos atribuyen este reparto irregular a la diferente estructura productiva y empresarial que existe en Galicia.

Pontevedra es la provincia con más desempleo y más trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero no la que más conflictos por impago de salarios registra.

La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Galicia, Maica Bouza, explica que la industria tiene más peso en Pontevedra, y concentra un mayor número de grandes empresas, con mayor capacidad para flexibilizar su carga de trabajo. "Este tipo de compañías reorganizan su trabajo, mandan a los trabajadores de vacaciones y tienen una mayor capacidad financiera para hacer frente a las dificultades. Pero los impagos de salarios continuados se dan más en empresas pequeñas, para las que la vía más rápida y fácil de recortar gastos es cerrar el grifo a la parte más débil, los trabajadores, que van a trabajar igual porque ésa es la única manera de conservar su puesto de trabajo", explica Bouza.

Pero ¿son muchas 6.317 reclamaciones individuales por impago de salarios? A Maica Bouza le parece que sí, aunque la Consellería de Traballo facilita datos con cierto retraso y la cifra sólo contabiliza los casos registrados entre enero y junio. Para la CIG sin embargo la cifra es baja, tal vez porque no contabiliza la enorme cantidad de trabajadores que antes de acudir al SMAC denuncian su situación ante la Inspección de Trabajo. Y es que los jueces de lo social rara vez reconocen el derecho de un trabajador a rescindir su contrato y a ser indemnizado por despido improcedente si el incumplimiento del contrato no es grave, lo cual obliga a los trabajadores a esperar a que su empresa acumule más de tres meses de impago para intentar una conciliación en el SMAC, paso previo necesario para acudir después a los tribunales.

Es la Inspección de Trabajo quien eleva el acta de infracción grave (tras comprobar que el incumplimiento es continuado) que da derecho a iniciar un proceso judicial. "Hay muchos trabajadores que no recurren al SMAC porque tienen que denunciar nominalmente y ante la Inspección de Trabajo quien demanda es el sindicato, con el ánimo de que la situación se arregle y evitar ir a los tribunales", expone la portavoz de CIG-textil, Dores Martínez, quien advierte de "un sinfín de desgracias personales, de familias enteras en paro que pierden su casa por situaciones como ésta". Otra de las razones que juega en contra de los trabajadores a la hora de acudir a los tribunales es el tiempo. Las asesorías jurídicas de los sindicatos están completamente desbordadas y, de hecho, han obligado a las centrales a contratar a nuevos asesores para hacer frente al crecimiento de las demandas por impago y a juicios por reclamación de cantidades. Así lo asegura el responsable de Construcción de la CIG en la comarca de A Coruña, Victorino Ares. "El proceso judicial tarda como mínimo ocho meses, así que el 90% de los empleados de las empresas firman un acuerdo de despido para poder al menos irse al paro y empezar a cobrar", comenta.

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