M. NOVO | A CORUÑA
El Gobierno gallego, una vez analizados los datos de las cajas y del Banco de España, ha planteado a los directivos de Caixa Galicia y Caixanova la conveniencia de negociar una fusión entre las dos entidades gallegas. Sin embargo, para salvar las reticencias de algunos sectores empresariales de Pontevedra y la clara oposición del presidente de la caja del sur de Galicia, Julio Fernández Gayoso, a la integración se sopesan varias alternativas y entre esas propuestas figura la creación de una alianza que se estructura como un grupo contractual consolidado, aunque no sería la primera opción de la Xunta.
El Ejecutivo de Núñez Feijóo aboga por mantener la galleguidad de las cajas y en esa apuesta cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y con un amplio respaldo social pero ha de salvar el recelo que supone para Caixanova una alianza con Caixa Galicia, una entidad de mayor tamaño que podría acabar liderando la integración.
Xunta y cajas son conscientes de que el sistema bancario nacional e internacional está sufriendo perturbaciones que dificultan el acceso de las entidades financieras a los mercados de capitales. Según el análisis que hace el Gobierno gallego, el aumento del coste de la deuda, la reducción de sus plazos, las mayores exigencias de rentabilidad y liquidez que se reclaman para los instrumentos de capital, y las importantes restricciones en la capacidad de financiación en los mercados son factores que hacen que la dimensión de las cajas sea una cuestión vital a la hora de diseñar su estrategia.
Está claro que las dos entidades gallegas no pueden seguir operando de forma independiente, tal y como hacen actualmente y se hace imprescindible algún tipo de alianza, o entre ellas o con cajas de otras comunidades. El presidente de la Xunta ya advirtió en más de una ocasión que se corre el peligro de que Galicia quede relegada del mapa financiero español por no ser capaces de adoptar ninguna decisión.
Entre las fórmulas que están sobre la mesa de negociación figura la fórmula del grupo contractual consolidado. Esto supone una organización integrada que aspira a ser reconocida como grupo desde el punto de vista de la regulación bancaria y como instrumento de concentración desde el punto de vista de la normativa sobre competencia.
La vertebración del grupo contractual se basaría en tres elementos. Por un lado en el establecimiento de una instancia central de gobierno, (la Sociedad Central) participada solamente por las cajas y cuyo órgano de administración está integrado por las personas que ostentan los cargos de mayor representatividad y responsabilidad de las cajas.
El segundo eje del nuevo modelo sería la articulación de una integración financiera de amplio alcance, cuyo elemento estructural básico es la constitución de un Sistema Institucional de Protección de Liquidez y Garantía (SIP). Al SIP tendrían que añadirse un Sistema de Tesorería Global y un Sistema de Mutualización de Resultados con el fin de reforzar la profundidad de la integración y de dotarla de un sistema de incentivos equilibrado.
El último de los elementos para vertebrar el nuevo grupo sería el diseño de una distribución funcional de competencias entre la Sociedad Central y las cajas que asegure la centralización de directrices y gestión común en áreas muy relevantes como las de consolidación financiera -unidad de políticas financieras, de solvencia y de riesgos-; integración operativa o desarrollo unificado de negocio, al tiempo que se preservaría la autonomía de las cajas que mantendrían sus competencias sobre el negocio bancario territorial y la gestión de la obra social.
Según los defensores de este modelo, se combinarían buena parte de las ventajas de la fusión como el control de riesgos o la interlocución única de los mercados de capitales y buena parte de las ventajas de la autonomía como la conservación de todo el capital social acumulado por las cajas.
Esta propuesta de alianza entre las dos cajas gallegas, que no dejaría de ser un SIP, cuenta con la ventaja de que podría ser interpretada como un paso intermedio entre la apuesta por la fusión de Caixa Galicia y de la Xunta y la oposición rotunda de Caixanova a la integración. La fórmula, sin embargo, aunque viable desde el punto de vista legal presenta varios inconvenientes para ponerla en marcha. El primero de ellos es la oposición del Banco de España a aceptar SIP entre cajas de la misma comunidad. La entidad que dirige Fernández Ordóñez considera que este sistema no mejora de forma significativa la eficiencia de las dos entidades y no se logra la reestructuración que se persigue en el sector.
La Xunta tiene serias dudas acerca de que esta fórmula pudiera ser aprobada por el órgano regulador, pese a que desde el punto de vista político sería más fácil de aceptar en el sur de Galicia, una vez que se han mostrado en contra de la fusión tanto los empresarios como el alcalde .
El Banco de España podría interpretar que con una propuesta de estas características simplemente se aplaza la resolución del problema porque tarde o temprano las dos cajas gallegas tendrán que caminar hacia las alianzas entre ellas o con otras cajas foráneas. El Gobierno gallego quiere garantizar la permanencia de los órganos de decisión de las cajas en Galicia así como la obra social y difícilmente se podrá mantener la galleguidad si cualquiera de las dos se asocia con otras entidades de fuera de la comunidad. El Ejecutivo de Feijóo es consciente de que se juega mucho en este debate y trata de lograr el mayor consenso político y social para lograr finalmente la integración de las cajas gallegas.
Los directivos de Caixanova cuentan desde el principio del proceso con una alternativa a la fusión que pasaría por un SIP con otras cajas foráneas, pero esta propuesta puede ser vetada por la Xunta si llega a plantearse formalmente.
Caixa Galicia por su parte, tras mostrar de forma clara que la fusión es su principal opción, una vez que ha comprobado la férrea oposición de Caixanova a este modelo, tiene ultimada una segundo plan que pasaría por una alianza con Caja Madrid y en la que José Luis Méndez pasaría a desempeñar un puesto de gran relevancia en la nueva estructura.
Feijóo ha marcado los plazos y está ejerciendo su autoridad como presidente. No le ha importado apoyar una iniciativa del BNG para reformar la ley de cajas, si con ello gana tiempo y cuenta con el apoyo del partido, también en las provincias Pontevedra y Ourense para defender la fusión.