EFE El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible, con el que pretende reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas.

Lo que se pretende es que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles, según la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

El Gobierno todavía no va remitir el texto al Congreso, porque quiere debatirlo con los agentes sociales, los partidos y las comunidades.

Será en el verano de 2010 cuanto entre en vigor la ley, según Salgado, quien explicó que la norma estará acompañada por el Fondo de Economía Sostenible, que asciende a 20.000 millones de euros, estará activo en enero y lo gestionará el Instituto de Crédito Oficial.

Uno de los principales objetivos de la ley es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable y predecible" con bajo nivel de cargas administrativas.

Así, el Gobierno limitará la composición de los organismos reguladores -Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- a un presidente y cuatro consejeros.

También propone que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.

Gestión "eficaz"

Esto permitirá al Banco de España exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo "prudente y eficaz".

Para garantizar la sostenibilidad de las administraciones, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

Asimismo, la Administración General del Estado tendrá que presentar en un plazo de seis meses un plan de austeridad y de calidad en el gasto.

La idea, según Salgado, es que todas las administraciones contribuyan al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

El anteproyecto también toca la contratación de las administraciones públicas para agilizarla.

Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor.

Además, las administraciones deberán pagar en 30 días los servicios contratados, mientras que, a partir de 2013, cualquier contratante lo deberá hacer en 60 días.

Creación de empresas

Mejorar la competitividad es otra de las prioridades, para lo que se reducen los plazos para crear empresas.

Las sociedades limitadas más pequeñas, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros y que suponen el 80% de las que se crean en España, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros.

Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros.

Deducción para I+D+i

En materia fiscal, se aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión.

En vivienda, se limita, a partir de enero de 2011, la deducción por compra a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, se equipara fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se crea una deducción para las obras del 10% para un máximo de 3.000 euros al año.

Todas estas medidas irán acompañadas de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020.