AGENCIAS / REDACCIÓN | MADRID / A CORUÑA El Gobierno aspira a que España cambie su patrón económico por otro más sólido. Para ello presentó una batería de cambios normativos y fiscales pensados para alentar la iniciativa empresarial y la innovación, reorientar el sector de la vivienda hacia el alquiler y la rehabilitación, aumentar el control sobre el uso del dinero público e incrementar la transparencia, aunque sin llegar a establecer límites, sobre las retribuciones de los directivos en las grandes empresas.

Son las líneas maestras del anteproyecto de ley de desarrollo sostenible que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que no entran en cuestiones de gran calado como las reformas del mercado de trabajo y del sistema educativo o la estrategia energética, asuntos que quedan pendientes de negociaciones con los agentes sociales o con las demás fuerzas políticas, según los casos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó el anteproyecto de la nueva ley como "extraordinariamente ambicioso" y formado por "un gran número de reformas importantes". Supone, dijo, "un proyecto de país" para armar un modelo económico que de aquí a 2020 sustituya al que, basado principalmente en la construcción y en el turismo, hizo crack con la recesión mundial que empezó en 2008. El texto aprobado recoge medidas ya conocidas y algunas nuevas.

. Constitución de empresas. Las sociedades limitadas más pequeñas, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros y que suponen el 80% de las que se crean en España, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo 100 euros. Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará los 250 euros. Estas actuaciones no estarán sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

. Pago en 30 días. Salgado destacó nuevas medidas para reducir la morosidad en pymes y autónomos como la reforma de la ley de contratos del sector público que obligará a las administraciones a abonar el pago a las empresas en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013. También se regula un plazo máximo de 60 días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte del cualquier contratador privado.

. Deducción por alquiler. Cambia la deducción por la adquisición de vivienda habitual para las rentas inferiores a 24.107 euros anuales a partir del 1 de enero de 2011 y se iguala fiscalmente el alquiler con la compra de la vivienda, al establecer este mismo límite para la deducción por alquiler. Sobre la rehabilitación de las viviendas, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar un IVA reducido para las obras de rehabilitación o restauración de domicilios y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012.

. Cheque transporte. Se establece la exención del cheque-transporte, hasta un máximo anual de 1.500 euros, en el IRPF.

. Fondo de 20.000 millones. El Fondo de Economía Sostenible, que asciende a 20.000 millones y se gestionará desde el ICO, estará activo en enero. Los ejes de actuación buscarán un turismo sostenible, un fondo de capitalización para infraestructuras de transporte, energía y energías renovables, un fondo de capital riesgo para empresas; préstamos, créditos o avales a empresas, y créditos para la rehabilitación de edificios y viviendas.

. Salarios de directivos. Obligación de las empresas que coticen en Bolsa de poner a disposición de sus accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos, que deberán además ser votadas en las juntas generales de las sociedades. De este modo, y para lograr "una prudente gestión del riesgo", las entidades financieras deberán publicar información periódica sobre sus políticas de retribución de manera que "políticas de retribución centradas en el corto plazo no pongan en peligro al conjunto del sistema financiero".

. Deducciones en I+D+I. Aumenta la deducción en el Impuesto sobre sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión.

. Contratos públicos. Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor. Otra de las medidas previstas en la nueva ley para agilizar la contratación pública es el aumento del 30 al 50% la subcontratación que se puede exigir a los adjudicatarios, con el objetivo de fomentar la participación de pymes.

. Limitación de los órganos reguladores. El Gobierno limitará la composición de los organismos reguladores -Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- a un presidente y cuatro consejeros. Tanto el presidente como los consejeros serán nombrados por el Ejecutivo por mandatos de seis años sin posibilidad de renovación. En la actualidad, los consejos de la CNE y de la CMT cuentan con nueve miembros, mientras que el de la CNC está integrado por ocho personas.

. 20% menos de emisiones de gases. La Ley fija el objetivo de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de las energías renovables sobre el total del consumo de energía bruta para el año 2020. Por eso, se creará un sello que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las energías de baja intensidad del carbono, al tiempo que se creará un fondo público para la compra de créditos de carbono.

. Mesa Sostenible. Creación de la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán la de coordinar las actuaciones distintas de las administraciones públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.

. Uso del transporte público. Se incentivará el uso del transporte público colectivo en las empresas y el fomento de la movilidad sostenible de los trabajadores. La futura ley también impulsará el vehículo eléctrico y fomentará que las administraciones públicas adquieran vehículos no contaminantes. Asimismo, fija el objetivo de que las renovables cubran al menos el 10% del consumo del sector del transporte.

. 40 años para las centrales nucleares. El anteproyecto de ley fija en 40 años la vida útil de las centrales nucleares. Además, el Gobierno remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.

. Sanciones para CCAA y ayuntamientos. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberán hacerse cargo de las sanciones que la Comisión Europea imponga a España por incumplir normativas comunitarias si son responsables de ello, de forma que la multa no recaerá como hasta ahora directamente sobre la Administración central.

. Seguros. En el ámbito de los seguros las aseguradoras deberán proporcionar a sus clientes una relación de prestadores del servicio que les permita elegir con entera libertad.

. Internet. A partir de 2011 se incluirá en el Servicio Universal, al que tienen derecho todos los ciudadanos, internet por banda ancha a una velocidad mínima de 1 mega por segundo. Hasta ahora eran de 56 kbits.

. Conferencia sectorial. Creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la Administración central y las autonomías en materia energética. El órgano ayudará a contar con una "buena planificación del suministro eléctrico" y garantizar la "estabilidad de la red".