Tras muchas declaraciones, especialmente en las dos últimas semanas, el presidente de la Xunta pronunció ayer por primera vez las palabras clave. Fusión y veto. La primera para confirmar lo que todo el mundo sabía, que sus planes contemplan una integración entre Caixa Galicia y Caixanova. Y el veto, para ratificar que está dispuesto a frenar cualquier otra operación que no entre en su hoja de ruta. Ningún Ejecutivo autonómico ha sido tan tajante en la reestructuración del mapa de las cajas de ahorros.

El mismo camino que parecía que iba a seguir la Generalitat valenciana, firme partidaria de la fusión entre sus entidades, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bancaja y Ontinyent. Su posición se explicitó al calor de la recuperación de los movimientos para una alianza a tres ente la CAM, Caja Madrid y, precisamente, Caixa Galicia. El consejero de Economía y vicepresidente en la comunidad llegó incluso a asegurar que la caja valenciana entraría en pérdidas en 2010. Gerardo Camps rectificó a las horas y días después no sólo abrió las puertas a la independencia de las entidades, sino a la disposición de la Generalitat a permitir SIP con entidades de fuera porque es "otra fórmula más" para que ganen músculo financiero.

La Comunidad de Madrid se dispuso rápidamente a cambiar su ley para recoger la figura del SIP y garantizarse que una operación así también necesitará su autorización.

El resto de comunidades con procesos de reforma abiertos también han jugado sus cartas. Especialmente Andalucía y Cataluña, con fusiones internas. Lo que ocurre, es que la gestión política se ha notado menos.