El Senado fue ayer escenario del primer acuerdo entre el PSOE y el PP para aprobar un plan de ocho puntos cuyo objetivo último es reducir el déficit público y el gasto de las administraciones. Es el primer consenso que se logra en política económica para atacar la crisis, aunque la redacción de esos puntos sea muy generalista y tengan además distinta interpretación.

El tono del debate, en el que el PP ha hablado de "punto de inflexión" y el PSOE se ha declarado "orgulloso" del acuerdo, ha resultado llamativo en el contexto de bronca en torno a la política económica que no ha cesado en el último año.

El texto lo presentó el PSOE sobre un acuerdo con CiU y tras incorporar modificaciones del PP. Así logró la unanimidad. Una de las medidas es el compromiso a "reorganizaciones administrativas que supongan reducciones del gasto real". El PP y CiU han pedido reiteradamente eliminar ministerios completos del organigrama del Gobierno, y ahora el PSOE vota a favor de este punto.

En otros se propone la "retirada paulatina de las políticas de estímulo que han generado déficit coyuntural". Planes de austeridad no sólo en los ministerios sino también en las empresas públicas. Por último, los grupos se han puesto de acuerdo en que todos estos principios generales se deben trasladar también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, para lo cual se comprometen a buscar un pacto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local.

Todos los portavoces alabaron el acuerdo, en un tono desconocido cuando se trata de política económica.

Eso sí, el PSOE considera que todas las cuestiones que se incluyen en este pacto ya se están aplicando o se van a concretar en la política económica del Gobierno, y plantea la necesidad de extender el consenso a la futura tramitación de la Ley de Economía Sostenible. Desde CiU y el PP, la interpretación es bien distinta. Ambos ven un cambio de actitud del PSOE hacia sus posiciones.