REDACCIÓN | A CORUÑA Un sistema financiero sin las 45 cajas de ahorros que actualmente existen dejaría sin cobertura financiera a casi el 7% de la población en el año 2015 y tendría un gran impacto sobre la economía, ya que el efecto marginal del crédito de las cajas sobre la variación anual del PIB regional es del 6,2%, frente al 5,1% de los bancos.

Éstas son dos de las principales conclusiones del estudio de Santiago Carbó presentado por Funcas, que analiza el coste de un sector bancario sin cajas, y que resalta que la contribución de las cajas a la reducción de la exclusión financiera "es considerable".

El 97,3% de la población española cuenta con la cobertura y la atención de las oficinas de las cajas de ahorros y se estima que un 3,7% de esta población habría quedado excluida en 2008 de los servicios bancarios de no ser por la presencia de una caja de ahorros en ámbitos rurales y desfavorecidos. Además, resalta que un incremento del 1% en la ratio "activos cajas de ahorros/ activos sector bancario" a escala regional puede conllevar un aumento porcentual de la tasa de crecimiento del PIB regional medio del 7,1%. El estudio también recuerda que el nivel de servicio de las cajas de ahorros españolas es "significativamente más elevado" que el de los bancos, ya que entre 2006 y 2008 el promedio de oficinas de las cajas por cada 10.000 habitantes era de 6,8 y de 4,1 en los bancos.

Carbó admitió que la expansión de oficinas en la última década -que permitió reforzar aún más el nivel de servicio- ha dado lugar a una sobrecapacidad del sector que debe ser corregida. El estudio muestra que los indicadores de competencia, eficiencia y rentabilidad no presentan diferencias significativas entre bancos y cajas en los últimos años pero advierte de que un sector bancario español sin cajas se resentiría de forma considerable en la competencia bancaria y reduciría sensiblemente las posibilidades de financiación e inversión de hogares y pymes.

La concentración de entidades bancarias se triplicaría y la menor concurrencia local y regional supondría aumentos importantes de precios y costes de entre un 5 y un 10%. El informe reconoce un cierto problema de sobrecapacidad que implica cierta reestructuración que debería ceñirse exclusivamente a solventar las dificultades a la hora de aumentar los recursos propios o reforzar la profesionalidad del sector, pero no para "alterar su naturaleza fundacional, su vinculación social y su aportación diferencial a la economía española".