La cumbre sobre el cambio climático de Copenhague también tiene una cara económica: la inversión que los países ricos deben hacer para ayudar a que los pobres reduzcan sus emisiones. Mientras no hay acuerdo, instituciones financieras lanzan su propio plan 'ecológico'

ALFONSO PAJUELO 190 países que tratan de dar cuerpo a un digno sucesor del Protocolo de Kyoto, difícil objetivo por lo que parece. Hace ya tiempo que Copenhague ha dejado de ser una discusión meramente "ambientalista" para convertirse en algo más: un debate de índole política y económica protagonizado por los tiras y aflojas de unos países desarrollados que parecen querer hacer la mayor cantidad de esfuerzos por aportar la menor cantidad posible de dinero para subsidiar las medidas de mitigación en las economías emergentes.

Lo que se discute desde el pasado lunes es un nuevo modelo de desarrollo, un intento por paliar los desmanes de la escasa veintena de países ricos que ponen en peligro medioambiental a los más de cien restantes. Son pocas las empresas e instituciones de los países desarrollados que obvian todavía en sus proyectos, campañas e informes la problemática del cambio climático y las instituciones financieras -con su actual imagen denostada por haber sido las responsables de la recesión económica- no han querido ser menos: recientemente se ha lanzado el Fondo Europeo 2020 para la Energía, Cambio Climático y la Infraestructura, conocido como Fondo Margarita, de infraestructura paneuropea y con un capital inicial de 600 millones de euros.

En lo que a España respecta, El Instituto de Crédito Oficial ha sido la institución financiera firmante de este proyecto que cuenta también con la presencia de otros organismos como el Banco Europeo de Inversiones, la Caisse des dépôts (Francia), la Cassa Depositi e Prestini (Italia), KFW (Alemania) y Banco PKO Polski (Polonia). Cada una de las instituciones firmantes aportará 100 millones de euros y el volumen del Fondo está dirigido a los 1,5 millardos de euros para el cierre final en 2011.

El Fondo pretende actuar como un catalizador para las inversiones en infraestructuras clave de la aplicación de políticas de la UE en materia de cambio climático, seguridad energética de redes transeuropeas y servir como modelo para la creación de otros fondos similares en la UE que deseen combinar un mercado basado en principio de rendimiento para los inversores con la consecución de los objetivos de las políticas públicas. Así pues, Margarita es la primera iniciativa conjunta de los líderes europeos en las instituciones públicas financieras.

La Comisión Europea ha obtenido la aprobación de los Estados miembros de la UE a contribuir con hasta 80 millones de euros al Fondo en apoyo del desarrollo de la red transeuropea de transporte, con sujeción a la aprobación del Parlamento Europeo. Es también uno de los mayores ejercicios de recaudación de fondos que ha tenido lugar en Europa en el año 2009, y se presenta como uno de los más potentes exponentes de la Inversión Socialmente Responsable a nivel europeo. Margarita se centrará en la creación de activos (principalmente las inversiones en nuevas instalaciones). Los inversores en el Fondo y otras instituciones de crédito a largo plazo plantean además la intención de establecer una cofinanciación de los proyectos de Margarita.

El Fondo, insertado en la Estrategia Europea de Recuperación Económica, tiene como piedra angular reforzar la competitividad a largo plazo de Europa mediante la combinación de políticas de la UE y los fondos para ayudar a los Estados miembros, mantener o promover inversiones, incluida la inversión en infraestructura energética. El Fondo se centrará en las nuevas inversiones en sus sectores objetivo, a saber, transporte, en particular sistemas de redes de energía y energías renovables, incluida la producción de energía sostenible, la infraestructura de transporte limpio, la distribución de energía y sistemas híbridos para el transporte (viento, energía solar, geotérmica, biomasa, biogás, energía hidroeléctrica, conversión de residuos en los proyectos de energía).

El Margarita no es el primer fondo de inversión europeo dedicado a la protección medioambiental. En 2006 nació el Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables (Geeref), un fondo de capital riesgo mundial creado por la Comisión Europea y destinado a promover la inversión privada en proyectos de promoción de eficiencia energética y energías renovables en países en desarrollo y economías en transición. El objetivo del Geeref es hacer llegar una energía no contaminante, segura y asequible a los 1 600 millones de personas en todo el mundo que todavía no tienen acceso a la electricidad. Y el medio para conseguirlo es acelerar la transferencia, el desarrollo y la aplicación de tecnologías energéticas respetuosas con el medio ambiente. La finalidad, luchar contra el cambio climático y la contaminación atmosférica y garantizar una distribución más equitativa de los proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio en los países en desarrollo.

Sucesivos análisis de la Comisión Europea indican que la inversión necesaria para alcanzar una economía de baja emisión de carbono le costaría a la humanidad tan sólo un 0,5 % del PIB mundial total entre 2013 y 2030. De acuerdo con estos cálculos, las medidas contra el cambio climático restarían apenas un 0,14 % a la tasa de crecimiento anual del PIB mundial hasta 2020. El crecimiento del PIB mundial en el periodo comprendido entre 2005 y 2020 sería pues del 53 %, sólo ligeramente inferior al 55 % que se proyecta si no se toma ninguna medida. Además, esta cifra no tiene en cuenta los beneficios que aportaría la rebaja de las emisiones: reducción de los daños causados por cambios en el clima que no llegarían a producirse, mayor seguridad energética y ahorro en sanidad gracias a la menor contaminación atmosférica.

A pesar de iniciativas como éstas, la intervención de los países desarrollados sigue siendo la tecla más importante a pulsarse durante las negociaciones que se sucederán en Copenhague. Para poder generar la electricidad que necesitan para sustentar su crecimiento económico, los países en vías de desarrollo necesitan invertir más de 130.000 millones de euros anuales en nuevas infraestructuras. Puesto que las centrales eléctricas se mantienen en uso durante décadas, es esencial que las que construyan estos países utilicen las tecnologías no contaminantes más avanzadas, con el fin de minimizar las emisiones.

Ahora bien, ello exige invertir unos 25 000 millones de euros más al año. Los países desarrollados pueden ayudar a salvar esa brecha financiera mediante una combinación de instrumentos: ayudas al desarrollo, mecanismos innovadores de financiación como el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables de la UE (Geeref), y préstamos específicos de instituciones financieras. Cuando antes se supla ese déficit, menos crecerán las emisiones de los países en desarrollo. La pelota está ahora mismo en el aire, y la capital nórdica podrá ser testigo de un acuerdo que hasta la fecha no ha logrado alcanzarse entre los líderes internacionales.