X. A. TABOADA | SANTIAGO Justo en el último momento, en el que acababa el plazo para presentar las enmiendas a la reforma de la Ley de Cajas basada en un texto del Bloque, PP y PSOE desvelaron ayer el contenido de sus propuestas en el que, si bien hay divergencias, también figuran muchos puntos en común. En la línea que llevó a los populares a promover la reforma por la vía de urgencia, en sus aportaciones hay una clara apuesta por agilizar al máximo también su entrada en vigor. Así, el PP propone un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la ley, previsto para el próximo día 30, para que los órganos de gobierno de las dos cajas de ahorro gallegas se adecuen a las nuevas disposiciones. La norma recoge además que si alguna caja hubiese iniciado la renovación de sus directivos en el momento de entrada en vigor de la ley, tendría que suspender el proceso e iniciar otro.

Esto supone que para la primera semana de marzo, Caixanova y Caixa Galicia ya tendrían que haber renovado la composición de sus asambleas generales y de sus consejos de administración. La renovación de los órganos de gobierno de las cajas significará además la jubilación del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que encabeza el rechazo a la fusión con Caixa Galicia que propone la Xunta.

La razón es que el PP deja bien claro en sus enmiendas que la edad máxima para ser miembro de la asamblea general y del consejo de administración u ocupar cualquier cargo directivo en las sociedades participadas, fundaciones o entes dependientes es de 70 años. En el momento de entrar en vigor la ley, todos los representantes y cargos que superen esta edad, incluido el director general, cesarán. La salida que se les da es su paso a las fundaciones, pero no en puestos directivos.

Esta edad de jubilación ya figura en la mayoría de las comunidades autónomas y el PSOE también la establece en sus enmiendas, aunque sólo para los miembros del consejo de administración. Por su parte, el Bloque sitúa la edad de jubilación en 65 años.

La única manera de alterar el calendario de la renovación de los gobiernos de las cajas es que durante la tramitación parlamentaria que ahora empieza los partidos acuerden ampliar la moratoria. El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Manuel Vázquez, ya había advertido el día antes que la reforma debe acometerse por consenso y que la solución al sistema financiero gallego no puede llegar ni por la imposición ni por la aplicación de "leyes a medida".

No obstante, PSOE y PP recogen en sus enmiendas que desde la aprobación de la ley, cualquier proceso de renovación que estuviera en marcha en las cajas tiene que paralizarse.

Los partidos también han puesto encima de la mesa el nivel de participación que quieren para la Administración autonómica tanto en las asambleas generales como en los consejos de administración de las cajas. Hay coincidencia total en que los nombres deben ser propuestos por el Parlamento, respetando la proporción de escaños de cada partido, pero difieren en los porcentajes. El Bloque lo sitúa en un 20%, pero el PP establece una horquilla de entre el 20% y el 30%. Esto significa que en una asamblea de 160 miembros, que es la cifra que se maneja en la proposición de ley, el Parlamento designaría entre 32 y 48 consejeros generales.

La cifra varía porque mientras Caixanova tiene representantes de las entidades fundadoras, en Caixa Galicia no las hay. Así, el PP propone que para la caja del sur la participación autonómica sería del 20% y la representación de las entidades fundadoras bajaría del 17,5% al 10%. Para el caso de Caixa Galicia, como no tiene entidades fundadoras, ese 10% pasaría a engrosar la representación autonómica hasta llegar al 30%. Y en el caso de fusión, se quedaría en un 25%, debido a que las entidades fundadoras quedarían en un 5% de presencia.

El PP propone rebajar del 40% al 30% la participación de los impositores y un 5% la de las corporaciones municipales. A cambio, pasarían del 7,5% al 10% los representantes de las entidades sociales, que tendrían 16 miembros (cuatro de los empresarios, otros cuatro por los restantes componentes del Consello Económico e Social y ocho de instituciones benéficas).

El PSOE plantea una participación autonómica distinta, que sería del 13% en Caixanova -respetando el 17,5% de las entidades fundadoras-, pero a cambio de rebajar la representación de los impositores (del 40% al 30%) y de las corporaciones municipales (del 25% al 17,5%). En el caso de Caixa Galicia, la participación autonómica sería del 21% y se reduciría la de los impositores y de otras entidades, aunque se mantiene la de las corporaciones locales en un 25%.

En ambas cajas, la presencia de los empleados seguiría siendo la misma y se daría un 11% de participación a las entidades del Consello Económico e Social y a los colegios profesionales de economistas y abogados.

En cuanto a un posible sistema institucional de protección (SIP), también hay diferencias, aunque los tres partidos conceden al Gobierno gallego un papel decisorio que ahora no tiene. El BNG quiere que la Xunta tenga directamente capacidad de veto, mientras que el PP propone que sea la Consellería de Facenda la que tenga que tomar una decisión previa, además de autorizarla posteriormente y tener acceso a toda la documentación que las cajas deban remitir al Banco de España. Por su parte, el PSOE no es partidario de impedir los SIP pero plantea que sea la Xunta, y no sólo la Consellería de Facenda, quien los autorice o desestime, al tiempo que el Parlamento pueda pronunciarse previa comunicación del Ejecutivo autonómico.

Las coincidencias también se producen cuando los partidos abogan porque los directores generales de las cajas tengan voz, pero no voto, en los órganos de decisión o que no podrán formar parte de las asambleas las personas vinculadas a las cajas de ahorro o a empresas participadas en más de un 20% por contratos de obras, servicios, suministros o trabajados retribuidos.