El inicio de la crisis económica internacional en septiembre de 2008 provocó que por primera vez en mucho tiempo se hablase en España de la necesidad de una reforma laboral. La idea contó con la reticencia inicial del Gobierno y la oposición de los sindicatos dentro de un debate sobre si la reforma laboral escondía o no un mero intento de facilitar y abaratar el despido. Ahora hay indicios de acercamiento pues ya nadie rechaza hablar de cambios en el mercado laboral y en las normas que lo regulan. Hasta los sindicatos acceden a hablar de ello pero se mantienen las reticencias sobre las verdaderas intenciones de los distintos actores implicados

JAVIER CUARTAS | A CORUÑA La necesidad de una reforma laboral empezó a proclamarse en España cuando la crisis económica internacional, la más grave desde la Gran Depresión de 1929, detonó de forma definitiva en septiembre de 2008 con el derrumbe de la banca de inversión de EEUU, tras algunas crisis inmobiliarias previas. Fue una demanda de algunos sectores económicos, del empresariado y de algunos partidos de la oposición, que contó con una gran reticencia por parte del Gobierno y una abierta oposición de los sindicatos. Durante meses el debate se centró en si la pretendida reforma laboral escondía o no un mero intento de abaratar y facilitar aún más el despido laboral en España.

Ahora, tras fuertes tensiones entre Gobierno y patronal, y entre CEOE y sindicatos, y restañada la abrupta ruptura antes del verano del diálogo social, empiezan a vislumbrarse indicios de acercamiento. Ya nadie rechaza la posibilidad de hablar de una posible reforma del mercado laboral y de las normas que lo regulan, y hasta los sindicatos acceden a hablar de ello, pero persisten las "líneas rojas" y, sobre todo, muchas reticencias e inconcreciones sobre cuáles son las verdaderas intenciones de unos y otros.

El presidente del Gobierno ha advertido de que en ningún caso negociará una rebaja del coste del despido, ni un recorte de derechos consolidados ni que se prescinda de la intervención judicial en las rescisiones de contratos.

La patronal CEOE niega que tenga entre sus objetivos abaratar el despido, pero reclama una negociación sin "líneas rojas" que no se puedan cruzar. Mariano Rajoy, presidente del PP, aboga por la reforma y acaba de declarar que en ningún caso postula que los trabajadores pierdan derechos adquiridos, pero no ha pormenorizado su propuesta más allá de juzgar "inaceptable" que los actuales contratos temporales carezcan de indemnización por despido y de considerar razonable "la colaboración privada", y no sólo la intervención judicial, en los expedientes de extinción laboral.

Los sindicatos dicen estar dispuestos a hablar, pero es de suyo que lo harán a la defensiva, porque temen un "vendaval" liberalizador justo cuando en casi todas las latitudes se ha optado por el intervencionismo regulador para intentar salir de la crisis.

Quienes más demandan una reforma de la legislación laboral parten de la premisa de que la actual regulación del mercado de trabajo es causa relevante -para otros sólo es, en el peor de los casos, factor coadyuvante- de que España sea el país con mayor tasa de paro de la OCDE, pese a que, de las grandes economías, es una de las que menos ha sufrido la caída de su PIB (el valor de la producción nacional).

Sin embargo, la regulación laboral es sólo uno de los factores. El otro, aún más determinante, es la estructura productiva.

Una economía como la española, con mayor predominio de los sectores intensivos en mano de obra (y de media o baja cualificación) que de las actividades con elevado componente tecnológico, está abocada a ser una economía espasmódica, con fortísimo crecimiento de la población laboral en época de bonanza (España lideró en la UE la creación de empleo hasta 2007) pero intensísimas convulsiones y contracciones en etapas de crisis.

Y ello porque los sectores predominantes tradicionalmente en España (edificación, turismo, servicios básicos no especializados, etcétera) crecen con mucha facilidad y absorben mucha mano de obra en periodos de euforia (en los últimos 15 años España llegó a construir más viviendas al año que el Reino Unido, Francia y Alemania juntas), pero se desploman y desalojan empleados de forma impetuosa en cuanto se resfría la economía. Sólo la construcción ha destruido la mitad de los dos millones de puestos de trabajo que han desaparecido en España desde que sobrevino la recesión.

Que el tipo de tejido económico y de estructura productiva (las actividades predominantes en cada territorio) son determinantes en la mayor o menor facilidad para expulsar mano de obra y generar paro, con independencia de la regulación legal del mercado laboral, lo ponen de manifiesto los casos de EEUU e Irlanda, con elevadísimos crecimientos del desempleo en la actualidad, y sin parangón en el último cuarto de siglo, pese a que disponen de un mercado laboral plenamente desregulado.

EEUU, con el despido más fácil, rápido y barato del mundo, acumuló 23 meses consecutivos de alza del paro, y alcanzó en octubre una tasa oficial de paro del 10,2%, una cifra récord desde abril de 1983. En noviembre redujo por primera vez, en apenas dos décimas, esa espiral destructora de empleos; pero, según acaba de escribir el "gurú" de la economía Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, la tasa real de paro en EEUU -un país muy dependiente también de la edificación- está en el 17,5% (menos de dos puntos por debajo de la cifra oficial de España).

El caso español también es ejemplar, porque con un mismo modelo de regulación laboral en todo el país la tasa de paro difiere radicalmente según las zonas: las regiones de la mitad sur de España (las economías menos industrializadas) tienen una tasa de paro superior a la media, mientras que en las de la mitad norte (la más industrial) el paro, aunque también ha aumentado con la crisis, lo ha hecho en menor tasa y sigue por debajo del promedio.

Que la crisis no golpea lo mismo a unas actividades que a otras lo acaba de poner de manifiesto el ICEX. Con todo, está muy extendida la convicción de que el modelo laboral vigente en España incorpora rigideces que no favorecen una rápida adaptación de las empresas a los cambios del ciclo económico ni un suficiente aprovechamiento de los recursos laborales.

La dualidad del mercado laboral español, con un tercio de su población trabajadora sujeto a contratos temporales, es una singularidad española que para muchos expertos y economistas constituye una de las causas determinantes de que las empresas desalojen mano de obra en grandes cantidades cuando precisan ajustar su oferta y capacidad productiva a una demanda en retroceso.

De este modo, con el 33% de la población laboral sin apenas protección y sujeto a un coste de despido muy bajo o ínfimo -frente a los trabajadores fijos, mucho más protegidos-, el empresario español no tiene incentivos para buscar alternativas a la destrucción de empleo con fórmulas imaginativas como las que con tanto éxito se ha logrado frenar el crecimiento del paro en Alemania pese a una caída de su PIB superior al español.

El llamado kurzabeit o contrato alemán de jornada reducida ha permitido que las empresas germanas en vez de destruir empleo y bombear en masa trabajadores al paro, lo hayan conservado, repartiendo la menor carga de trabajo entre todos sus empleados, que han visto así recortada su jornada laboral y, en esa misma proporción, los salarios que les abona la empresa. El Gobierno compensa la diferencia, pero con ello el Estado se ahorra el coste del desempleo y, al tiempo, logra mantener en activo a todos sus recursos laborales, prestos a satisfacer con inmediatez cualquier repunte de la demanda.

Este modelo es muy atractivo para la empresa industrial típica alemana, aquella que, con alto componente tecnológico y necesidad de mano de obra cualificada, prefiere la mayor complejidad del kurzabeit a la rápida y fácil opción expeditiva del ajuste de capacidad mediante la vía del despido, porque con ello logra retener a personal formado y cualitativamente valioso del que acaso vaya a haber escasez en el mercado cuando la economía vuelva a repuntar.

Por el contrario, actividades de baja o media cualificación, como las que han posibilitado el llamado "milagro español" del crecimiento, carecen de incentivos para retener personal con fórmulas de gestión siempre complejas, porque se trata de mano de obra generalmente abundante, de la que puede prescindir a sabiendas de que si la demanda se recupera no habrá dificultad para volver a reclutarla. Aún lo es más si el 33% de los trabajadores españoles son fácilmente prescindibles al estar sujetos a contratación temporal.

Este hecho estadístico fue denunciado como un rasgo peculiar y perjudicial de la economía española por muchos expertos, y entre ellos por los autores del Manifiesto de los 100 economistas, que fueron los primeros en formular una propuesta de reforma laboral.

Lo aleccionador del caso es que esa excesiva contratación eventual y precaria, que hoy se juzga como una de las debilidades del modelo español y uno de los aspectos más vulnerables de nuestra economía, fue producto de otra reforma laboral, la de 1984. Entonces este tipo de contratos se propuso y se defendió como la panacea que iba a resolver la histórica compulsión española a destruir empleo en grandes cantidades en cuanto las cosas se ponen feas. Se había visto con el paro galopante de fines de los 50 y primeros de los 60 (resuelto por la vía de la emigración), de nuevo a fines de los 70 con la primera crisis del petróleo (el paro aumentó a tasas elevadas pese a que las caídas del PIB fueron inferiores a las actuales) y otra vez en los primeros 80 con los efectos de la segunda crisis del petróleo y la recesión internacional.

Lo que se dijo en 1984 es que abrir la posibilidad de la contratación laboral eventual y temporal corregiría las rigideces de la legislación laboral heredada del franquismo y permitiría crear empleo en etapas alcistas y reducir su destrucción en las fases bajistas del ciclo. Hoy los economistas aseguran que ese tercio de población laboral menos protegido es el que está soportando sobremanera el ajuste de la capacidad productiva española y engrosando de forma muy predominante las listas de nuevos parados. Añaden, además, que con esas tasas tan elevadas de eventualidad, no existen acicates para la formación interna en las empresas. Lo que iba a ser el remedio, acabó formando parte de la enfermedad.

Algunos estudiosos alegan además que la sobreabundancia de este tipo de contratación (que ya no se limita, como se concibió en origen, a actividades estacionales sino a cubrir funciones estables) estaría facilitando un rápido y barato trasvase de trabajadores a la economía sumergida, elevando de forma artificial la tasa oficial de paro por encima de la realidad. Diversos estudios y estimaciones difundidos en los últimos meses apuntan a que España es, con Italia y Grecia, uno de los tres países europeos que más empleo están manteniendo de forma oculta a la oficina del fisco y a la Seguridad Social.

El Manifiesto de los 100 propone un único contrato indefinido para los nuevos trabajadores (no se modificarían los derechos adquiridos) con una indemnización menor que la que ahora tienen los trabajadores indefinidos pero también progresiva según la antigüedad. Además reclama flexibilizar la negociación colectiva para adaptarla a las peculiaridades de cada empresa, introducir cambios en las prestaciones por desempleo (aumentarla en los seis primeros meses pero reducir su duración a partir de ese plazo) y hacer reformas en los incentivos a la contratación y en las políticas activas de empleo.

La CEOE ha ido modulando su posición. En febrero se llegó a decantar por el abaratamiento del despido para los nuevos contratos indefinidos (en ningún caso con carácter retroactivo) porque, según dijo entonces su presidente, el "elevado" coste de la rescisión contractual es causa disuasoria de la creación de empleo en España. Luego, en agosto, Gerardo Díaz Ferrán, dirigente de la patronal, abogó por un modelo "a la suiza": posibilidad de contratar a un empleado por "2.000 horas laborales al año que se utilizarían en los momentos punta de la actividad de la empresa".

La patronal ya no hace causa del abaratamiento del despido. Y en sus últimos documentos propone "modernizar el mercado de trabajo español", con más de 30 años de antigüedad, para que "sea menos vulnerable al ciclo económico". Propone "basar la seguridad en el empleo" en "la empleabilidad y no en la permanencia en el mismo puesto de trabajo", "crear un esquema sencillo que rompa la segmentación del mercado de trabajo" mediante "la flexiseguridad" (un sistema danés que combina gran flexibilidad para despedir con alta seguridad para volver a encontrar empleo, pero que tiene el inconveniente de su carestía), simplificar y reducir las restricciones a la contratación a tiempo parcial, avanzar en la flexibilidad interna de la empresa, modernizar el sistema de negociación colectiva, posibilidad de "descuelgue negociado" de convenios sectoriales y territoriales para las empresas en crisis, medidas eficaces contra el absentismo, extender la bonificación de las cotizaciones empresariales en los expedientes de regulación de suspensión temporal, mejorar los servicios públicos de empleo y normalizar los servicios privados, y eliminar las restricciones en las actividades de la empresas de trabajo temporal.

Los sindicatos mayoritarios -renuentes, meses atrás, a cualquier revisión- han evolucionado y en noviembre ya anunciaron que están dispuestos a dialogar bajo tres condiciones: que se cumplan ciertas garantías salariales, que se promueva el empleo estable y que se reformen los sistemas de reparto de beneficios.