X. A. T. | SANTIAGO PP y PSOE coinciden casi al pie de la letra en que la Xunta debe reforzar el control y la supervisión sobre las inversiones y el destino de la obra social que realicen las cajas de ahorro, en una línea de intervención que también concuerda con los postulados del Bloque. Lo que se plantea en las propuestas que se incorporarán a la ley es que el Gobierno gallego debe autorizar determinadas inversiones, sobre todo aquellas consideradas de riesgo, y diseñar con las cajas la planificación y los objetivos de la obra social.

Así, en una enmienda prácticamente idéntica, PP y PSOE proponen que la consellería competente establecerá, en función de los recursos propios o totales de las entidades, la necesidad de una autorización previa para las inversiones directas o indirectas en cualquier clase de activos, así como para la concentración de riesgos en una persona o grupo.

Para la obra social, los grupos parlamentarios también incrementan el nivel de control. No sólo se establecen los objetivos que deben cumplir, como estar vinculada al tejido productivo, al desarrollo tecnológico, a la investigación, a la formación profesional, educación, sanidad o servicios sociales, sino que además se le dan a la Xunta las competencias para aprobar la cantidad destinada a la obra social y la posibilidad de que la Consellería de Facenda establezca mediante convenios las prioridades. Y en caso de que antes del 31 de marzo de cada año las entidades de ahorro no hayan fijado la cantidad dedicada a la obra social, la Administración autonómica podrá determinarla, previa audiencia con las cajas.

El PP propone además que para los gastos superiores a los 500.000 euros para un proyecto en el ejercicio vigente o en los dos siguientes, sea necesario un informe favorable previo de la Consellería de Facenda.

El PSOE va un poco más lejos y plantea que sea la Xunta la encargada de establecer las líneas estratégicas a seguir en el capítulo de obra social y señale las prioridades y las carencias.

Para mejorar la operatividad de las cajas, los dos partidos mayoritarios del Parlamento proponen mejorar la documentación de los asuntos a tratar en cada asamblea y reforzar la comunicación de los acuerdos con la consellería competente. Eso supone que los consejeros generales deberán tener en su poder toda la información relativa a la asamblea con una antelación de quince días y que la Administración autonómica debe recibir puntualmente documentación con todos los acuerdos adoptados por los órganos de decisión de las cajas.

Además, en este sentido se crean comisiones delegadas obligatorias para la obra social -con reuniones cada tres meses y un informe anual-, comisión de retribuciones y otra de inversiones, que también deberá dar cuentas al consejo de dirección con la elaboración de un documento. A mayores, introduce una mayor frecuencia de reuniones de los consejos de administración, que como mínimo deberán ser convocado una vez al mes.