L. C. / AGENCIAS | A CORUÑA / SANTIAGO Los socialistas gallegos han pasado de la disensión sobre la fusión de las cajas de ahorros a romper el consenso alcanzado en el Parlamento autonómico para reformar la ley que regulará el funcionamiento de las instituciones de crédito. El presidente de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, demandó ayer aplazar entre 30 y 45 días la aprobación de la nueva ley con el objetivo de llegar a un consenso sobre el nuevo articulado y consultar a las universidades y expertos sobre las cuestiones que deben votar los parlamentarios. Lo expuesto por Vázquez, que también defiende que las cajas tengan un año de plazo para adaptar sus órganos de dirección al nuevo texto, no es un criterio unánime dentro del PSOE, ya que su portavoz parlamentario, Xaquín Fernández Leiceaga, consideró ayer que el consenso todavía es posible y que el debate podría ampliarse en sólo quince días.

La propuesta, expuesta durante una rueda de prensa y al margen de las reuniones de la ponencia parlamentaria en la que los tres partidos intentan cerrar un acuerdo sobre el nuevo texto, provocó la indignación de nacionalistas y populares, que se han aliado contra la pretensión socialista de aplazar la nueva ley a mediados de febrero. A menos de 24 horas para que se cierre el plazo del debate en ponencia, Vázquez evidenció que no existen consensos en cuestiones fundamentales, como la elección de compromisarios para escoger a los representantes de los impositores, los plazos de adaptación y renovación de los órganos de dirección y el porcentaje de representación autonómica.

Los portavoces del PP y del BNG en el Parlamento gallego, Manuel Ruiz Rivas y Carlos Aymerich respectivamente, acusaron ayer al PSdeG de romper el "compromiso firmado" entre las tres fuerzas políticas gallegas para reformar la ley de cajas antes de que finalice el año.

Ruiz Rivas lamentó durante una comparecencia ante la prensa las "contradicciones constantes" de los socialistas gallegos y la "ausencia de un interlocutor válido" en el partido para hablar sobre cajas. El portavoz del PP lamentó la actitud "localista trasnochada" de algunos dirigentes socialistas, en alusión al alcalde vigués, Abel Caballero, que "sólo lleva a la división" y "va contra los intereses de Galicia" y apuntó que el pleno extraordinario del Parlamento en el que se votará la nueva ley no sólo no se retrasará sino que puede incluso adelantarse del día 30 al 29.

Nueva caja "sin nepotismo"

Carlos Aymerich advirtió al PSdeG que "no es bueno que los conflictos internos se antepongan a los intereses del país", en referencia a la diferencia de criterio que existe en las filas del PSdeG. El portavoz de los nacionalistas explicó que el acuerdo de los tres portavoces parlamentarios establece que la reforma de la ley se haga "por urgencia" y que se habiliten los lunes y los sábados para garantizar que antes de final de año se apruebe. Aymerich justificó la "urgencia" en que otros actores, en referencia al Banco de España y al Gobierno, "que se oponen a la fusión", también se mueven con premura. El portavoz del BNG indicó que su formación quiere una "nueva ley y una nueva caja sin nepotismo, que no confunda la obra social con la construcción de edificios suntuosos o con aventuras especulativas en Levante".

El portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, Xaquín Fernández Leiceaga, matizó que la tramitación rápida de la ley iba "ligada al consenso", por lo que no descartó que si entre ayer y hoy, cuando se reúne la ponencia, se llega a un "acuerdo sólido" se pueda aprobar la reforma antes de final de año. "Lo que decimos es que no pasaría nada con llevar la cuestión hasta mediados de enero si esto permite que el consenso sea más sólido", detalló Leiceaga.

El portavoz de los socialistas en el Parlamento explicaba así la postura de su secretario general, Manuel Vázquez, quien ayer defendió el aplazamiento del debate para lograr un "gran consenso" que implique no sólo a los tres partidos políticos con representación parlamentaria, sino también a las dos entidades de crédito gallegas, a sindicatos, a empresarios y a las universidades. "No hay que resolverlo hoy ni mañana", enfatizó, y supeditó la "urgencia" de la tramitación del texto normativo a la búsqueda de "consensos".

De igual modo, defendió la necesidad de no aprobar la ley "de espaldas a la sociedad", por lo que pidió abrir un período de consultas que, según sus cálculos, causaría "una demora de un mes o mes y medio". "No pasa nada", entendió, al tiempo que explicó que requeriría considerar enero como mes hábil en la Cámara gallega. Vázquez se desmarcó del acuerdo unánime en el Parlamento para tramitar la nueva ley por urgencia, convencido de que no se puede aprobar "una ley exprés" ni un "híbrido" que constituya una "amenaza". "No puede ir contra nadie", advirtió, para insistir en la necesidad de "serenar" el debate para garantizar su "rigor". Vázquez cree que la resolución sobre si habrá o no fusión dependerá del resultado de la due diligence.

Los socialistas, que se oponen al plazo de dos meses propuesto por el PP para que las cajas adapten sus órganos de gobierno a la nueva norma, quieren que la ley entre en vigor en 12 meses; seis para seleccionar a los impositores; tres para que las cajas adapten sus estatutos; y el último trimestre, para la renovación de la dirección de las cajas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, está más solo que nunca en su lucha contra una fusión de Caixa Galicia y Caixanova. El debate sobre el futuro mapa financiero gallego le ha enfrentado con sus socios de Gobierno en el bipartito vigués, que ayer lanzaron una clara advertencia a Caballero.

El teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez Olveira, aclaró ayer que el BNG está "a muerte" con Caixanova, aunque discrepa de que el debate sobre el futuro de las cajas deba plantearse como una confrontación. "No es todos con Caixanova o todos en contra", un planteamiento que considera "falso, demagógico". Para el nacionalista, lo importante es garantizar la galleguidad de ambas instituciones -Caixanova y Caixa Galicia-. En declaraciones a la prensa, Santiago Domínguez se refirió a la discrepancia de opiniones entre él y el alcalde, el socialista Abel Caballero, sobre una posible fusión de las dos cajas gallegas y recalcó que la formación nacionalista quiere la solución "más adecuada" que permita mantener el poder de Caixanova y su independencia. "Estar a favor de una fusión equitativa no es estar en contra de Caixanova", dijo, y abogó por ser "didácticos" y explicar que, por separado, las dos instituciones financieras "tienen una difícil pervivencia".

Domínguez considera "legítima" la opinión del alcalde, ya que este asunto no está incluido en el pacto de gobierno, aunque recordó que estar en contra de la fusión tampoco implica necesariamente estar a favor de la ciudad o de Caixanova. "No se debe jugar con el futuro de la economía", dijo.

El portavoz del PP y vicepresidente del PP en Pontevedra, José Manuel Figueroa, que el lunes atacó al presidente de la Cámara de Comercio viguesa por combatir la fusión, insistió ayer en que su mensaje está inspirado en un "localismo trasnochado" que utiliza como arma electoral.