El intervencionismo de la Xunta sobre las entidades financieras ha vuelto a colarse en el debate político sobre la reforma de la ley de cajas y amenaza con romper el consenso alcanzado en el Parlamento sobre la necesidad de reformar la norma y de garantizar que las cajas mantengan su galleguidad. Pese al aparente desacuerdo sobre los plazos para renovar la dirección de las caixas, los tres grupos parlamentarios, PP, PSdeG y BNG, coinciden en dos de los artículos más intervencionistas que contendrá la futura ley de cajas. Así al menos consta en las propuestas que los tres partidos han llevado a la ponencia para empezar a discutir

LUI COSTAS Por mucho que analistas financieros y organismos supervisores lo recomienden, pocos son los políticos que se resisten a intervenir en el funcionamiento de las cajas para asegurarse más poder, bien para vetar una fusión, bien para "democratizar" su funcionamiento. Y Galicia no es una excepción.

Los tres partidos defienden en sus propuestas para reformar la ley autonómica de cajas de ahorros que está previsto debatir el próximo día 30 no sólo que la Xunta tenga voz y voto en los órganos de gobierno de las entidades sino también que pueda decidir las inversiones que deben realizar y a qué deben dedicar el presupuesto de la obra social. Ni el PSdeG —que en los últimos días ha acusado al PP de promover un "asalto express" a las instituciones de ahorro y de pretender hacerse con el "control político de las cajas" para dirigirlas al estilo de Esperanza Aguirre en Caja Madrid— defiende un texto alternativo que deje al libre criterio del consejo de administración el destino de las inversiones y de la obra social. También los socialistas quieren que Facenda limite la independencia de los órganos de gobierno de las caixas.

El BNG fue el primero en presentar una proposición de ley para urgir a los demás grupos a modificar la ley de cajas de ahorro y que la Xunta se asegurase, en principio, la posibilidad de vetar una fusión en frío a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), para mantener la galleguidad de las cajas. La reforma ha ido mucho más allá, pero tanto el PSdeG como el PP presentaron enmiendas al texto nacionalista que no sólo respetan el fondo de la norma —el control de las inversiones y de la obra social— sino incluso la forma, la redacción de los artículos. Como se puede comprobar en la reproducción del articulado recogidos en el cuadro adjunto, los tres partidos están completamente de acuerdo con el artículo 65 de la ley, en el que se concede a la Consellería de Facenda el poder de autorizar o denegar las inversiones "directas o indirectas, en cualquier clase de activos" que realicen las entidades e incluso decidir sobre "la concentración de riesgos en una persona o grupo".

El portavoz de Economía del Partido Popular, Pedro Puy, manifestó el pasado 11 de noviembre en el Parlamento que su grupo sería contrario a "cualquier tipo de intervencionismo económico" que afectase. Un sustantivo, el intervencionismo, que los populares también utilizaron con profusión para justificar su rechazo al decreto eólico del bipartito. El PSdeG también combatió con este argumento su oposición a las enmiendas presentadas por el PP para reformar la ley de cajas."Hay una intervención feroz de la Xunta", dijo el martes el PSdeG tras la reunión de la ponencia parlamentaria que debate la redacción de la ley.

Tanto el texto inicial del BNG como las enmiendas presentadas por socialistas y populares reservan a la Xunta —concretamente a la Consellería de Facenda— el poder de determinar la inversión de las cajas en su obra social, aunque con ciertos matices. El Bloque faculta a la Consellería de Facenda a autorizar el reparto de los excedentes que realice la asamblea general de las cajas y decidir la cantidad a destinar a obra social. El PSdeG sin embargo da independencia al consejo de administración de las cajas para decidir las cantidades destinadas a obra social, pero impone que su acuerdo se someta a la aprobación de Facenda. El Partido Popular se queda a medio camino. Sus enmiendas proponen que Facenda "pueda firmar" un convenio con las cajas para determinar el gasto en obra social, pero también impone que si el acuerdo no se produce antes del 31 de marzo, será la Xunta la que decida qué porcentaje de los excedentes se dedican a este capítulo no sin antes escuchar a las entidades. La Xunta, en el articulado propuesto por el PP, no llegaría a decidir todas y cada una de las partidas de la obra social, aunque marcaría "las necesidades a cubrir con carácter prioritario".