L. COSTAS A CORUÑA La nueva ley de cajas va generando reticencias a medida que avanzan los días y los afectados analizan al detalle las propuestas que los tres partidos negocian a contrarreloj en el Parlamento de Galicia para cerrar un acuerdo antes del día 30. El consejo de administración de Caixa Galicia, que ayer celebró una reunión ordinaria en A Coruña, no es ajeno a la propuestas recogidas en las enmiendas a la nueva ley gallega de cajas de ahorros, unas modificaciones que los consejeros analizan con cierta inquietud después de que los tres partidos hayan coincidido en dotar a la Consellería de Facenda de un control y capacidad de veto sobre las inversiones y la obra social de las entidades de ahorro.

Más allá de la entrada de la Xunta en los órganos de dirección de las entidades y del número de representantes que se asegure, los consejeros y directivos de Caixa Galicia están preocupados por la redacción definitiva que se propone para los artículos 65 y 74 de la ley; los referidos al control político sobre las inversiones y activos de las cajas y sobre la obra social.

Y es que como ayer desvelaba este periódico y a pesar de las diferencias que los separan, PP, PSdeG y BNG coinciden en la redacción del artículo 65 de la nueva norma en la que se faculta a la Consellería de Facenda para autorizar las inversiones y la concentración de riesgos en una persona o grupo empresarial.

El artículo existe ya en la ley actualmente vigente, pero con una redacción más laxa en la que esta facultad de la Xunta se expresa como una posibilidad. La actual norma recoge: "La Consellería de Economía y Hacienda podrá establecer (...) la necesidad de autorización previa para las inversiones en inmuebles, acciones, participaciones u otros activos monetarios, la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo ...". En los textos que los partidos debaten estos días se modifica para imponer: "La Consellería de Facenda establecerá (...) la necesidad de autorización previa para las inversiones ...". El Bloque propone incluso un segundo apartado en este artículo que extiende este poder sobre las inversiones de "entidades, cualquiera que sea su forma jurídica en la que las cajas de ahorro con domicilio social en Galicia ostenten una participación mayoritaria".

Los consejeros de Caixa Galicia también trataron ayer sobre el poder que tendrá la Xunta sobre la obra social si sale adelante el artículo 74 propuesto por PP, PSdeG o BNG y en el que dan a la Consellería de Facenda la posibilidad de vetar la distribución de los excedentes que generen las cajas y qué porcentaje de ellos deberán dedicarse a la obra social.

Socialistas y nacionalistas conceden a la Consellería el poder de autorizar los acuerdos de la asamblea general de la entidad sobre la distribución de estos fondos, aunque el BNG deja en manos de la Xunta decidir qué parte de este dinero se dedicará a obras benéfico-sociales. El PP sin embargo faculta a la Xunta para firmar un convenio con las cajas con el que decidir el destino de excedentes, aunque si ese acuerdo no existe antes del 31 de marzo, es la Consellería de Facenda quien decide qué porcentaje del excedente se destina a obra social. La Xunta en todo caso sólo establecería en los convenios el orden de prioridades para repartir los fondos y la caja podría concretar esta distribución.

Los directivos y consejeros de Caixa Galicia ya se han puesto a analizar las modificaciones en la gestión a las que obligará la ley que ahora se debate y sobre todo los plazos que tendrán para adaptar los estatutos a la nueva norma.

La inquietud de los consejeros se producen al día siguiente de que el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, asegurase que su demanda de aplazar el debate de la ley a 2010 había sido consensuada con los directivos de las cajas gallegas. Al término de la reunión del consejo de adminsitración, que concluyó pasadas las nueve de la noche de ayer, el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, brindó con consejeros y directivos de la entidad por el "excelente trabajo" realizado por los más de 5.000 profesionales que trabajan en Caixa Galicia. Méndez animó a los máximos responsables de la caja a continuar por el mismo camino durante el año que viene, porque su "esfuerzo y dedicación" ha permitido cerrar el año con "brillantez", a pesar de la dificultad de trabajar "con tanto ruido" en referencia a la polémica sobre las fusiones.

El director general ensalzó además el trabajo de los profesionales de la entidad que "con su silencio y prudencia" han conseguido un resultado "excelente". Y es que Caixa Galicia ha logrado cerrar este año con el nivel de solvencia más alto de la década que ahora termina, a pesar de la crisis financiera y económica mundial, con una holgura de liquidez alta e incrementado el número de clientes, lo que la ha convertido en la segunda caja de España que ha captado más ahorro durante este año.

Moreda

El vicepresidente de Caixa Galicia y presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, que acudió ayer a la reunión del consejo de administración cerraba filas con el secretario general de los socialistas gallegos, que se opone a la tramitación por urgencia del proyecto de ley sobre las cajas.

Fernández Moreda, pese a su doble condición de político y consejero, advirtió de que si la Xunta no detiene el proceso para debatir la nueva ley de cajas y la somete al consenso de las entidades y la sociedad existe el riesgo "de caer en una instrumentalización política de las cajas por parte de la Xunta y del Partido Popular". Moreda expresó su deseo de que el nuevo texto sea "fruto del consenso no sólo de los tres grupos del Parlamento, sino también de los sectores económicos y sociales implicados".

El presidente de la Diputación y vicepresidente de Caixa Galicia se unió así a los otros tres secretarios provinciales del PSdeG que ayer manifestaron su oposición a una reforma precipitada de la Ley de Cajas y acusaron al PPdeG y al propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de querer "tomar el control" de las entidades, al tiempo que pidieron "sosiego" y consenso. "Feijóo y el PP tienen que quitar sus manos de las cajas gallegas, que muy lejos de ser suyas, son de todos los gallegos", dijo el responsable ourensano, Raúl Fernández. En sendos comunicados, los cuatro líderes provinciales escenificaron el acuerdo en el PSdeG sobre la reforma que debate la ponencia parlamentaria.