LUI COSTAS | A CORUÑA La reforma de la ley de cajas que PP, PSdeG y BNG pactaron debatir para garantizar la galleguidad de Caixa Galicia y Caixanova ante el proceso de reestructuración financiera actualmente en marcha permitirá autorizar una fusión de cualquiera de ellas con otra entidad foránea y que su sede se traslade fuera de Galicia. Así lo establece la nueva ley autonómica que el Parlamento aprobará mañana en su artículo 54.

El texto otorga al Consello de la Xunta la potestad de autorizar una integración -conjuntamente con otra comunidad autónoma si se trata de una operación interregional- y en el tercer párrafo establece: "Para conceder la autorización se valorará que el domicilio social de la caja resultante de la fusión se fije en Galicia y que se mantenga una adecuada presencia territorial de las oficinas en Galicia".

La introducción de la expresión "se valorará" rebaja la exigencia que el BNG propuso en el articulado original, que incluía entre los "requisitos indispensables" para dar luz verde a una fusión "que el domicilio social de la caja resultante de la fusión se fije en Galicia y se asegure una adecuada presencia territorial de las oficinas en todo el territorio gallego". La redacción del artículo 54 fue pactada por Partido Popular, PSdeG y BNG durante el debate de la ley en ponencia parlamentaria, que dio lugar a un texto transaccionado para el artículo sobre la autorización de las fusiones de cajas.

Con la actual redacción de la ley, si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cambia de opinión sobre la necesidad de garantizar la galleguidad de las cajas, tan sólo tendrá que reunir al Consello de la Xunta para aprobar la solicitud de una eventual fusión interregional, una cuestión fundamental sobre todo para quienes advierten de que la alianza entre Caixa Galicia y Caixanova que quiere promover la Xunta sólo cerraría una primera etapa de la reestructuración financiera que alientan el Ministerio de Economía y el Banco de España.

Los nacionalistas pretendían además reflejar que la Xunta seguiría manteniendo su capacidad de veto, aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) interviniese en el proceso de fusión a autorizar. Con ello, el BNG pretendía reforzar el papel de la comunidad autónoma ante lo que considera una injerencia en las competencias autonómicas del decreto que regula el funcionamiento del FROB, porque permite saltarse el trámite del veto autonómico en una fusión promovida para salvar a una entidad con problemas de solvencia.

Las enmiendas que socialistas y populares presentaron al artículo 54 propuesto por los nacionalistas no recogían la necesidad de garantizar que las sedes de las cajas se mantuviesen en Galicia. Aunque el PP propuso fijar las condiciones de una fusión en un reglamento posterior y el PSdeG se alineó con el Bloque en la necesidad de garantizar el veto de la Xunta ante la intervención del FROB, finalmente los tres grupos negociaron redactar el artículo 54 tal y como proponía el PP e incluir, aunque rebajadas, algunas de las propuestas del BNG. PP y PSdeG aceptaron además la enmienda nacionalista para que la autorización a una fusión parta del Consello de la Xunta en lugar de la Consellería de Facenda.

Esta solución permitió que los tres grupos llegaran a un consenso, uno de los pocos en el trámite de la ley, según el PSdeG, que acusó al BNG de ser cómplice del PP al otorgar a la Xunta el control político de las cajas de ahorros y aseguró que la unanimidad tan sólo había sido alcanzada en unos 20 artículos "declarativos, sin gran valor político", como manifestó el portavoz socialista en el Parlamento gallego, Xaquín Fernández Leiceaga. El debate de la nueva ley en la comisión parlamentaria del martes pasado apenas modificó la ley que se debatirá mañana, pero el representante del BNG en la negociación, Fernando Blanco, llamó la atención sobre la necesidad de reforzar la redacción del artículo 54 porque, insistió, "éste es sólo un primer asalto", en referencia a que el proceso de reestructuración financiero está en su primerísima fase.