ALFONSO PAJUELO
Las cajas no son los únicos entes que ven en los procesos de fusión una salida a la situación de crisis. Y, al igual que en estas, las dificultades se identifican más con la distribución de poder que en otras cuestiones, que son precisamente las que mejor justifican la unión. Si en el caso de las cajas es el derecho mercantil el que manda, en el de los ayuntamientos es el administrativo el que impone sus normas, lo que no significa que sea más sencillo. Quizá por eso son los municipios de menos de 1.000 vecinos los que se plantean el ayuntamiento.
Iniciaron el movimiento los empresarios y ya ha calado ya en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Para situar el tema es preciso consultar los últimos datos sobre municipios publicados por el Instituto Nacional de Estadística: 4.861 de los 8.112 que hay en el país no alcanzan el millar de habitantes y tan sólo acogen a un millón y medio de ciudadanos, el equivalente al 3,2% del total de la población, aunque, sin embargo, ocupan cerca del 70% del territorio nacional. En 2010 muchos no podrán afrontar su endeudamiento. Ya son numerosos los ayuntamientos que han sido denunciados por sus impagos o por no cumplir con los servicios básicos, como la retirada de la basura. La deuda de los ayuntamientos supone en la actualidad 28.297 millones, lo que ha supuesto un incremento del 12,9% con respecto al ejercicio anterior.
Primero la CEOE y después las patronales regionales y el Círculo de Economía de Galicia se han pronunciado a favor de las fusiones, al considerar que hay decenas de pequeños ayuntamientos que se encuentran en quiebra como consecuencia de la despoblación, la mala gestión y el alto coste de los servicios en estas circunstancias.
Estos municipios no tienen población suficiente para poder garantizar la gestión administrativa básica y, por supuesto, los servicios. En estos casos, la patronal entiende que la solución pasa por redimensionar de nuevo los ayuntamientos mediante fusiones de municipios, o la asunción de competencias por parte de una administración superior.
Presión fiscal
Al analizar la gestión municipal de Galicia es preciso tener en cuenta que a pesar de la dispersión de los concejos y parroquias, sus ayuntamientos son, con diferencia, los que cuentan con una menor presión fiscal municipal.
Así, el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo plantea en su estudio Un nuevo mapa municipal un drástico recorte del número de ayuntamientos para reducir los costes de gestión y argumenta que con la reestructuración se podrían conseguir 12 millones adicionales provenientes del Estado. El Gobierno gallego se ha mostrado en las últimas horas partidario de abrir el debate sobre la viabilidad de iniciar un proceso de fusiones que cambie todo el mapa municipal de la comunidad, mediante fusiones, absorciones y segregaciones.
Este informe es compartido también por los empresarios asturianos que consideran que supone un sinsentido que existan concejos con unos pocos centenares de habitantes y que es una medida más efectiva que la de mancomunar servicios entre ayuntamientos prácticamente deshabitados, que continúen soportando las obligaciones de gestión.
En Castilla y León, al igual que en Galicia, la Junta se ha mostrado dispuesta a apoyar un proceso de tan singulares características, ya que esta comunidad cuenta con 2.248 ayuntamientos, de los que 1.979, un 88%, tienen menos de 1.000 habitantes.
Sólo ocho municipios agrupan el 58,65% de la población. Los resultados de llevarse a efecto las propuestas de la CEOE sería que de los 221 municipios existentes en la actualidad deberían sobrevivir alrededor de 50 nuevas corporaciones municipales.
La posibilidad de fusionar municipios tiene defensores y detractores, pero existe el convencimiento generalizado de que se trata de un proceso excesivamente complicado en el que tienen excesiva influencia las razones históricas y sociológicas, aunque las operaciones tengan unos claros beneficios para los vecinos.
Las particularidades de cada municipio como dónde residirá la casa consistorial, cuáles serán las fiestas locales que se supriman o las calles a engalanar pueden dar al traste con una operación de fusión, ya descontando la conciencia histórica de localismo que hace que los naturales de una población desprecien en su conjunto a los del municipio vecino. El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales regula las fusiones en los casos de municipios limítrofes que de forma separada carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos; cuando se confunden los núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico; o por necesidad o conveniencia económica o administrativa.
Aragón
Más allá han ido en Aragón, donde las Cortes han aprobado la Ley de Concejos Abiertos, que establece en menos de 40 habitantes el número para que una corporación pueda acogerse a este régimen supramunicipal.
Para evitar que el sistema no funcione por la paralización de sus integrantes, se regula que la falta de celebración de una sesión municipal por plazo superior a seis meses o la carencia de candidatos a la alcaldía darán lugar al inicio de la fusión o incorporación del municipio a otro limítrofe.