AGENCIAS | MADRID
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, cree que las cajas de ahorro están "haciendo los deberes" en el proceso de reestructuración financiera, aunque "algunas" comunidades autónomas "se resisten un poco" a éste.
En una entrevista con Efe, Salgado se muestra convencida de que el proceso de fusiones e integraciones de entidades financieras habrá concluido en este primer semestre del año porque "todo el mundo tiene ya las cartas sobre la mesa".
"Todas las cajas saben cuáles son sus puntos fuertes, cuáles los débiles, quién podría completar esas debilidades sin atacar los puntos fuertes", señaló la ministra de Economía, quien añadió que en muchos casos "lo último que falta es la decisión política" y ésta "no debería tardar más de seis meses".
Salgado espera, por otro lado, que "todos hayamos aprendido la lección" con Caja Castilla La Mancha y que "no haya necesidad de que el Banco de España (BE) vuelva a intervenir alguna entidad".
No obstante advierte de que este año que empieza va a ser "difícil" para algunas cajas "si no se toman medidas", porque el negocio inmobiliario no va a crecer, los márgenes se van a estrechar dado que los tipos de interés son mucho más bajos y los costes por el momento no han disminuido.
La ministra ve "razonable" que el Banco de España esté atento a las negociaciones y lance avisos cuando los procesos se retrasen. "Si las negociaciones se prolongan de manera indefinida es razonable que se ponga un plazo", apunta.
En cuanto a las fórmulas de reestructuración, Salgado cree que la del Sistema Institucional de Protección (SIP) -fusiones en las que cada entidad tiene un rating único y una sola supervisión por parte del BE pero cada una mantiene su personalidad jurídica independiente-es "en principio un instrumento adecuado". "No siempre es posible solucionar con ellos (los SIP) todos los problemas, depende de la situación de partida de cada caja, pero en muchos casos es un instrumento adecuado y perfectamente suficiente", apunta la vicepresidenta segunda, quien recuerda que esta fórmula se creó en Europa y no sólo se utiliza en España.
En la entrevista, Salgado admite que sigue siendo necesario instar al sector financiero a que haga más esfuerzos por otorgar créditos.
A los bancos y cajas "les veo dispuestos (a dar más créditos), pero hay que decírselo", señala la ministra, quien defiende en esta labor la figura de los "facilitadores de crédito" creada por el Ejecutivo para revisar las solicitudes de préstamos previamente rechazados por las entidades y que también se utiliza en otros países como Francia y Alemania.
El Gobierno, insiste, no puede "sustituir" la valoración de riesgos que hace una entidad financiera "ni tampoco" puede obligarla a prestar, porque "la alternativa a esa obligación sería un aval del 100%" a los préstamos por parte de la Administración y "esto no está al alcance ni tampoco sería razonable".
"Nosotros podemos ayudar avalando porcentajes de una determinada operación y un porcentaje global de todas las operaciones de una entidad financiera y eso es lo que hacemos", dice Elena Salgado. Por otra parte, la ministra se muestra convencida de que el visto bueno definitivo de Bruselas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) llegará pronto, antes incluso de que Joaquín Almunia asuma la cartera europea de Competencia.
Las cajas de ahorros cerrarán unas 5.000 oficinas en España, la quinta parte de la red comercial, en un plazo de tres a cuatro años, por la reestructuración financiera y la proliferación de nuevos canales de distribución a raíz de la modernización, según cálculos de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La sobrecapacidad es más patente en las cajas de ahorros que en los bancos, ya que estas abrieron entre 2004 y 2008 más de 3.500 sucursales, lo que supone un crecimiento del 16,3%. La red de los bancos engordó en 1.413 oficinas, un 10%. El adelgazamiento de la red ya ha comenzado. Cajas y bancos cerraron 1.345 oficinas en España en septiembre de 2009 en tasa interanual, hasta establecer el total en 44.362, lo que supone retroceder al número de sucursales existentes hace dos años.
Si los procesos de fusión de cajas de ahorros en marcha fructifican en sus términos actuales, éstas eliminarán al menos 4.400 empleos y cerrarán 1.100 oficinas, según datos recopilados por Europa Press de los cálculos hechos por los sindicatos.
Las mayores reducciones en términos de empleo corresponden por un lado a la integración de Caixa Cataluña, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, con 1.300 empleados, y por otro a la eventual fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, con hasta 1.500 empleados. La otra fusión en Cataluña, la de las caixas Girona, Sabadell, Terrasa, Sabadell y Manlleu, supondrá una reducción de plantilla de unos 630 empleados, mientras que la combinación de Caja España y de Caja Duero podría saldarse con 975 puestos de trabajo menos.
En cuanto al número de oficinas, los procesos que ya están en marcha, incluyendo el de Caixanova y Caixa Galicia, redundarán en un descenso del número de sucursales de al menos 1.100, la mayoría a raíz de la fusión de las cajas catalanas en torno a Caixa Cataluña (395 oficinas).
La otra fusión de cajas catalanas se saldará con 240 oficinas menos, mientras que en el caso de las cajas de Castilla y León el número podría situarse en 250 sucursales, a las que se suman otras 200 de las cajas gallegas.