La Xunta anula en 18 concellos el Plan de Vivenda del bipartito

X. A. TABOADA | A CORUÑA El proyecto estrella del bipartito en materia de vivienda ha entrado en vía muerta. La nueva Xunta ha comenzado a vaciarlo de contenido al considerar sus objetivos irrealizables. En un plazo de tres meses decidirá si lo anula en su integridad o mantiene algunas de las actuaciones previstas, pero de momento ya ha suspendido su aplicación en dieciocho ayuntamientos. El llamado Plan Sectorial de Solo Residencial nació a mediados del año 2008 con unos objetivos muy ambiciosos: construir 45.600 viviendas protegidas en 57 municipios entre los años 2009 y 2017, de las que 30.500 estarían edificadas para 2013.

De su diseño se encargó la anterior conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, que junto al entones vicepresidente Anxo Quintana lo presentó y defendió por media Galicia. Argumentaban que el plan iba a generar 300.000 empleos y un volumen de negocio de 2.500 millones de euros.

Un año y medio después, con un cambio en la Xunta por medio, la realidad es bien distinta. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha sometido ya a una profunda cura de adelgazamiento al anular varios miles de viviendas y no descarta incluso dejarlo sin efecto en su totalidad. Para ello se da un plazo de treses, que es el tiempo que los técnico requieren para acabar de revisar las actuaciones previstas y "comprobar su viabilidad, utilidad y necesidad".

De momento, el departamento de Agustín Hernández ya ha informado a dieciocho alcaldes de que las intervenciones programadas en sus municipios quedan anuladas, lo que significa sacar del plan al 31% de los ayuntamientos involucrados. Así, la Xunta ha dejado sin efecto las previsiones de vivienda protegida en los concellos de Abegondo, Carballo, Cambre, Fene, Neda, Narón, Ribeira, Teo, Ames, Lugo, Burela, A Guarda, Tomiño, Gondomar, Nigrán, Ponteareas, Bueu y Marín

El Gobierno gallego argumenta que la planificación en estos ayuntamientos estaba fuera de la realidad, que las previsiones resultaban excesivas e irrealizables y que además contaban con una fuerte contestación social e institucional.

De la oposición que cosechó el Plan Sectorial de Solo Residencial da una idea el ingente número de alegaciones que se recogieron, uno de los más altos de todos los proyectos tramitados por la Xunta en su historia. Medio Ambiente contabilizó más de 17.000 alegantes individuales, lo que muestra el rechazo suscitado por el plan. La práctica totalidad son particulares cuyos terrenos se veían afectados por la reserva de suelo para vivienda protegida. Incluso se creó una coordinadora autonómica de concejales de urbanismo para canalizar todas las reclamaciones.

Una de las primeras protestas la protagonizó el Ayuntamiento de Arteixo, que se quejó de que no se había contado con el Gobierno local para hacer la previsión de vivienda y convocó un pleno municipal extraordinario en el que se votó una resolución en contra de la actuación de la entonces Consellería de Vivenda. Esto fue el 10 de diciembre de 2008 y al día siguiente la Xunta excluyó a Arteixo del Plan Sectorial de Solo Residencial.

Las reacciones contrarias se sucedieron en numerosos ayuntamientos, incluyendo los gobernados por el PSOE como el de Vigo, que consideraban excesivos los números de Vivenda y sus previsiones.

De los 45.600 pisos proyectados, 15.500 estaban asignados al área funcional de Vigo, 9.800 a la de A Coruña, 4.600 a la de Santiago, 3.800 a la de Ourense, 3.200 a la de Ferrol, 2.900 a la de Pontevedra o 1.800 a la de Lugo.