JULIO PÉREZ | A CORUÑA
Finalmente, mes y medio tardaron los 27 expertos vinculados a KPMG en elaborar una due diligence calcada a los resultados preliminares que se filtraron a principios de año y que coinciden al dedillo con las tesis de la Xunta. Entre la maraña de datos que tejen la supuesta entidad fusionada de cara a 2015, cuando supuestamente se cerraría el plazo para devolver las solicitudes al FROB, hay muchas cifras que llaman la atención de las propias entidades y de todo el sector.
Especialmente esos 2.671 millones de euros de beneficio bruto -es decir, antes de pagar impuestos- que se acumularían a seis años vista, desde este mismo ejercicio.
Un cálculo que da por hecho que la suma de Caixanova y Caixa Galicia ganaría el doble que en la actualidad, pese a que se pronostica para 2010 un nuevo acelerón de la morosidad y que el mercado defiende que todavía quedan unos cuantos años para recuperarse de la recesión. Es un ejemplo, pero hay muchos más, sobre los interrogantes que plantea la auditoría, tanto por lo que dice como por lo que omite.
¿Qué resultados tendría la caja año a año? Ni en las explicaciones de la conselleira de Facenda ni en la escasa documentación aportada a los medios figura un pronóstico de beneficios anual. ¿Qué periodo de travesía en el desierto les espera antes de que el negocio sea realmente estable y haya suficientes ingresos para amortizar el FROB, las emisiones preferentes, las provisiones a la morosidad, la cuota con el Fondo de Garantía de Depósitos y llenar la caja de la Obra Social? Con las cuentas de los grupos consolidados, teniendo en cuenta, pues, las aportaciones de las empresas participadas, la entidad viguesa obtuvo un beneficio bruto hasta septiembre de 113 millones. La caja coruñesa, 72 millones. La auditoría prevé una media anual de 445 millones. En todo caso, ¿por qué no se habla en ningún momento del resultado neto?
¿Dónde está el impacto sobre las carteras industriales? Nadie, absolutamente ningún experto concibe una reestructuración de cajas sin la revisión de sus participadas. Las dos están presentes en 159 sociedades y habrá que aligerar lastre en caso de una fusión. En la parte de la auditoría que se ha dado a conocer no hay rastro del futuro de las carteras industriales, pese a la importancia que tienen en ratios de los que sí habló Fernández Currás -como el Tier I- y de la aportación a los beneficios.
¿Cómo se compensará la caída de un 70% en los fondos de la obra social? Una de las principales pegas que la Xunta pone a cualquier otra operación que no pase por la unión de las dos cajas gallegas es la presunta pérdida de vinculación con el territorio y, por lo tanto, de la obra social. Que, por cierto, está directamente vinculada a lo que gane cada año la entidad. En todo caso, el pronóstico de KPMG es un total de 300 millones de euros entre 2010 y 2015, cuando sólo en 2009 se gastaron 168 millones. La caída en la partida se desplomaría un 70%.
¿A qué interés se calculó el FROB? El resultado del informe es, según el Gobierno gallego, la prueba de que la fusión daría de sobra para pagar al FROB lo que se le pida y en el plazo de los cinco años previstos por la propia normativa de los fondos y la Comisión Europea. Lo llamativo es que no se explique a qué tipo de interés se han hecho las estimaciones de la devolución, cuando el mercado lo marca por encima del 7%. Serán unos 1.190 millones de euros, rozando ese límite que también pone Bruselas de que no se solicite más del valor del 2% de los activos ponderados por riesgo. Pero la propia conselleira admite que esa tasación de activos habrá que revisarla en el momento en el que se consiguiera el virtual acuerdo de la operación.
¿Qué pasará realmente con la competencia? El argumento de que en Galicia hay 82 concellos que sólo tienen oficinas de cajas gallegas y que la propia Fernández Currás considera "una proporción muy importante" es un arma de doble filo. La Xunta lo utiliza para defender la fusión y evitar "un riesgo de exclusión financiera" en localidades como éstas. Pero, si hay una integración, ¿qué competencia se garantizaría con la presencia de una sola entidad? En el discurso de San Caetano se repite por activa y por pasiva el papel de la banca electrónica para garantizar el libre mercado. Un servicio, sin embargo, todavía muy poco utilizado y que a la vista de la implantación de internet en la comunidad es casi un privilegio a medio plazo.
¿Por qué se compara el mercado gallego con el andaluz sin decir que allí operan 10 entidades más? En línea con el reparto del mercado tras una supuesta fusión, la conselleira de Facenda puso encima de la mesa un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en relación al proceso vivido en Cajasol con la integración de las cajas de San Fernando, Huelva, Jerez y Sevilla en 2007. La cuota de la entidad gallega sería similar a la de la andaluza. Un 36,1% del negocio que, eso sí, no tiene en cuenta el posible cierre de sucursales de otras entidades. ¿Qué dice el organismo regulador de la competencia en ese caso concreto? Que no existen barreras "como lo demuestra el hecho de la sólida implantación en Andalucía de numerosas entidades de crédito y de cajas de ahorros no andaluzas". Y ahí está la clave. Primero, en Andalucía en aquel momento quedaban cinco cajas autonómicas. En Galicia va a quedar una. Segundo, allí operan 24 cajas. Aquí sólo 13.
¿Cuántos trabajadores tendrán que trasladarse? Entre las pegas que la Xunta le pone al SIP es el trasvase de trabajadores de una caja a la entidad central que debería crearse para articular la alianza. Es cierto. La movilidad laboral no es, sin embargo, exclusiva de una fusión fría. En una fusión convencional habrá que cubrir puestos estratégicos que queden vacíos con las prejubilaciones: el 92% de los casi 1.300 trabajadores que se irán a la calle. Si la auditoría dice algo de esto, el Gobierno gallego no lo comenta.
¿Por qué en el ranking no se tienen en cuenta todos los procesos abiertos? Según Facenda, la unión de Caixanova y Caixa Galicia daría lugar a la quinta caja española. Pero en el ranking sólo se han tenido en cuenta las fusiones catalanas, andaluzas y hasta la de Castilla y León está mal contemplada, pues establece la integración de cuatro entidades, cuando de momento son sólo dos. No hay ninguna mención a los SIP aprobados o en marcha y los planes de las cajas vascas.