Detrás de la presentación de los resultados de la due diligence hay también una declaración de intenciones por parte del Ejecutivo. Éste es uno de los informes que la ley exige para consolidar una fusión y recibir la autorización del Banco de España. Lo que ocurre es que antes tiene que haber un acuerdo entre entidades y un plan de negocio, que aquí no existe. Las palabras de Fernández Currás para justificar la validez del modelo utilizado para medir la solvencia dicen mucho de la posición en la que está la Xunta. "Fue utilizado por otros procesos de fusión actualmente en marcha", asegura la conselleira.
En las explicaciones que el Gobierno gallego da para oponerse al SIP que quiere Caixanova está la de la presunta pérdida de capacidad de decisión. Claro que cuando da otra de las razones para negarse a una alianza de cualquiera de las dos cajas gallegas, las "menores eficiencias", reconoce que en este tipo de procesos se mantienen los órganos centrales de cada una de las socias.
El análisis de Marta Fernández Currás -por qué la auditoría no se ha fijado en la posibilidad de apostar por un SIP con cajas foráneas- se centra exclusivamente en el caso del grupo Banca Cívica con Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Sa Nostra y no contempla que la estructura pueda ser diferente, sin una sede central en Madrid. La creación como unión del SIP de un banco, otro de los peros de la Xunta a la fórmula, está todavía en discusión, con las peticiones de la patronal de cajas al Gobierno central para que se reforme la legislación necesaria.
Para apoyar la fusión como la opción más deseable pese a que otras aportan más solvencia, la conselleira echa mano de la naturaleza jurídica de las entidades, "como fines lucrativos" y el "carácter social". Dos principios que en caso de que se siguieran a rajatabla, casi como una ONG, no tendrían encaje en el contexto económico actual. De lo contrario, ¿por qué se están reestructurando las cajas? Si no ganan dinero, ¿de qué se nutre la Obra Social?