J. P. | A CORUÑA
Por la necesidad de no desvelar datos concretos sobre la situación de las cajas en determinadas cuestiones. O, directamente, porque la Xunta no quiere ir más allá en las respuestas a los muchísimos interrogantes abiertos en la polémica due diligence. Ni los intereses a los que se calculó la devolución del FROB, ni la estimación del beneficio anual, ni por qué se ofrece sólo como medición del capital el Tier I -que tiene en cuenta la aportación de la cartera industrial- y no el Core Capital, que tiene en cuenta los activos de riesgo. En todos estos casos, claves para ver la profundidad de la solvencia que supuestamente se garantiza y que no vulnerarían el secreto bancario. Más allá de la auditoría está la posición rotundamente contraria de la Xunta ante el Sistema Institucional de Protección (SIP), una fórmula que no se estudió y que Facenda reconoce que se asienta en sus interpretaciones.
. SIP. Frente a las cinco razones contra una fusión con otras foráneas, la opción descartada, la que absolutamente nadie quiere, la Xunta pone hasta nueve para negarse a un SIP. Un mensaje a los planes de Caixanova, pese a que el presidente Núñez Feijóo y la conselleira de Facenda sostengan que no se van a pronunciar sobre una posibilidad, dicen, que no se ha planteado oficialmente. En general, por "un vacío de contenido financiero" que "en la práctica" resulta irreversible, implica un trasvase de trabajadores al organismo que se crea para compartir el negocio y las competencias que quedan son "residuales" y "de imagen". ¿En qué se sustentan las explicaciones del Ejecutivo si la regulación de este tipo de operaciones permite expresamente dar marcha atrás a cualquiera de los socios si avisa con dos años de antelación? Camino de convertirse en la fórmula más usada para la reestructuración del sector en España, ¿por qué se dan por hecho todas estas consecuencias que el sector no ve? La patronal de cajas y el Banco de España alaban el SIP. Facenda reconoce que son interpretaciones propias que no están basadas en ningún análisis como se ha hecho con la fusión.
. Cartera industrial. En todos los procesos de fusión intrarregional se da por descontado -y el primero que lo hace es el mismísimo organismo regulador- que a las entidades no les quedará otro remedio que vender activos y participaciones en empresas para ganar liquidez y en muchos casos evitar la sobreexposición a determinados sectores. Caixanova y Caixa Galicia comparten capital en 16 compañías e intereses en la promoción eólica, el negocio inmobiliario, el vino o el mundo audiovisual, donde cada una tiene sus propias firmas. Facenda cierra la duda sobre el futuro de las carteras industriales con un "no sé prevén desinversiones".
. Obra Social. El Gobierno gallego prefiere hablar de porcentajes. De la reserva de un 20% de los beneficios de la entidad fusionada. La auditoría aquí sí establece números concretos, 300 millones entre 2010 y 2015, lo que de media supondría un 70% menos que las inversiones del pasado 2009. Si el presupuesto depende de una cuota fija, ese 20%, ¿cuánto dinero habrá en los primeros ejercicios, con las cuentas de la entidad muy apretadas? Facenda se limita a decir que hay que tener en cuenta "el contexto de crisis" y que "parte del patrimonio inmobiliario" de la Obra Social de Caixanova y Caixa Galicia "está consolidado" y no requerirá gastos en los próximos años. Claro que por "patrimonio inmobiliario" hay que leer proyectos como las rehabilitaciones de edificios relevantes o las aperturas de sedes sociales.
. Beneficio. Por coherencia, la misma explicación del "contexto de crisis" para los ingresos se debería aplicar a la proyección de beneficios. Hasta 2.700 millones acumulados en seis años, a razón de 480 por ejercicio, lo que superaría los mejores balances de la historia de las cajas. Pero Facenda sigue sin aportar cuál será el comportamiento del beneficio año por año.
. Competencia. Los 82 concellos en los que sólo operan las dos cajas gallegas son un ejemplo para Facenda de "riesgo de exclusión financiera" ante una operación que no pase por la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. El riesgo, la posibilidad de cierres, se convierte en evidencia, en un hecho real, en la medición de la competencia. En esos ayuntamientos no habría libre mercado. Sólo una entidad para elegir. Facenda contesta que "por lo menos "se garantiza una oficina. Los datos de banca electrónica, que la conselleira usa como aval para garantizar la competencia, si los hay, no se dan.