La confederación de cajas advierte de que la ley gallega puede chocar con la estatal

I. BASCOY / J. PÉREZ | A CORUÑA "Algunos artículos de la ley gallega de cajas pueden ir en contra de la Lorca (Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro)", advierten los servicios jurídicos de la CECA en el informe en el que analizan en detalle la reforma aprobada el pasado mes de diciembre con los votos del PP y del BNG y el rechazo del PSdeG.

El informe de los letrados fue analizado la pasada semana por la dirección de la Confederación de Cajas de Ahorro. Los juristas de la CECA alertan de que la norma gallega puede chocar con la estatal. ¿Y qué artículos podrían incurrir en ilegalidad? La CECA no entra en detalles, pero fuentes jurídicas cuestionan la ley por intervencionista y señalan el artículo que obliga a que la Xunta autorice determinadas inversiones y también el que exige el visto bueno de la Consellería de Facenda para los proyectos de obra social cuando éstos superan los quinientos mil euros de presupuesto.

Otros artículos cuya legalidad está puesta en duda son el que fija que la fusión de las cajas se decida sólo por mayoría simple; el que impide que cualquier entidad tenga más de un representante en el consejo de administración de las cajas, con la excepción de la Xunta; el que establece que el Gobierno autonómico nombrará la cuarta parte de los representantes de las entidades de interés general en las asambleas generales de las entidades financieras; y el que crea el registro de altos cargos, de tal modo que ningún nombramiento será efectivo hasta que figure en el mismo.

El avance sobre el informe negativo de las cajas de ahorro se conoce dos días después de que el ministro José Blanco dejase abierta la posibilidad de que el Gobierno de España recurra la ley gallega, al confirmar que estudia la norma y recordar que "no sería la primera vez", pues el Ejecutivo central ya llevó al Constitucional la normativa madrileña.

Tras las declaraciones del titular de Fomento, se multiplicaron las voces que anuncian que el viernes el Consejo de Ministros podría decidir si llevaba la ley gallega al Constitucional. Desde el departamento de Elena Salgado no descartaban esta posibilidad, pero también recordaban ayer que tienen tiempo, pues desde la entrada en vigor de la norma hay un plazo de tres meses para recurrir.

El diario económico Cinco Días informaba ayer de que el Gobierno central "ultima si recurrirá la ley gallega de cajas al Constitucional" y recogía también que el sector de las cajas encuentra hasta "25 artículos de esta ley autonómica que pueden chocar con la reglamentación general del sector".

La Cadena SER, por su parte, aseguraba también que la CECA y el Banco de España habían enviado a Elena Salgado sendos informes contrarios a la ley gallega. El organismo regulador no quiso confirmar ni desmentir la noticia, pero fuentes del sector financiero explican que las consultas del Gobierno central al Banco de España en cuestiones como ésta son habituales.

La CECA tampoco corroboró el envío de su informe jurídico al Ejecutivo de Zapatero, pero comentó que cuando el Gobierno le pide opinión sobre una cuestión, le traslada su parecer. También explicó que si la Xunta o el Parlamento hubiesen pedido un informe previo sobre la reforma legislativa que ultimaban, la Confederación de Cajas se habría pronunciado, como no hubo tal solicitud, analizó la ley, una vez que fue aprobada.

La opinión contraria de la CECA, presidida por el gallego Juan Ramón Quintás, no es la única que pone en tela de juicio la reforma de la ley gallega de cajas, que obliga a renovar en dos meses los órganos de dirección de las entidades de ahorro.

Los servicios jurídicos de Caixanova y Caixa Galicia también estudian con lupa la norma, y José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Vigo y consejero de Caixanova, avanzaba la pasada semana que los abogados contratados por la entidad del sur ven "fácilmente recurrible" la norma.

El alcalde Vigo, Abel Caballero, ya anunció que recurrirá la reforma por recortar la presencia del Ayuntamiento en los órganos de decisión de Caixanova, pues el consistorio tendría derecho a estar presente en el consejo de administración de esta entidad en su calidad de ayuntamiento con depósitos en la entidad y como entidad fundadora, pero como la nueva ley sólo permite que la Xunta cuente con más de un representante en el consejo y veta esta opción al resto, el municipio perderá presencia en Caixanova.

Ni el escenario ni el momento podrían tener más morbo. En plena discusión sobre la idoneidad de una fusión de las cajas gallegas, con la clara oposición de una de ellas, Caixanova, y el respaldo de los agentes sociales y económicos del sur de Galicia. Precisamente la primera voz crítica contra los planes de la Xunta fue la del Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios. Y en su sede habla hoy el gobernador del Banco de España de las perspectivas de la economía española, inmersa en un proceso de reestructuración de las entidades de ahorros.

A Miguel Fernández Ordóñez le otorga la ley la última palabra en las operaciones. En las últimas semanas transcendieron sus reticencias a una unión de Caixanova y Caixa Galicia. Así se lo hizo saber al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que como contestación le exigió públicamente el mismo trato que se le había dado a las integraciones intrarregionales de Cataluña y Andalucía, gobernadas por los socialistas.

La expectación es máxima. Pese al tono de molestia inicial por la visita, la conselleira de Facenda y el de Economía acudirán a la charla. También los dos presidentes y los dos directores generales de las cajas. Una lista de 200 invitados y otra con 40 que se han quedado en espera. "Más que cuando vino el príncipe de Asturias", dicen en la organización. La atención mediática no es menor y, por eso, el coloquio del gobernador se difundirá para la prensa.