J. PÉREZ | A CORUÑA
Como a muchos otros sectores, el informe de la auditoría elaborada por KPMG no convence a los socialistas. Primero, porque acusan al Gobierno gallego de que los datos se presentaran "de forma parcial". Y, segundo, porque el PSdeG insiste en que hay que echar mano de la figura del Sistema Institucional de Protección (SIP) para garantizar el futuro de las dos cajas gallegas, que podrían así "mantener su marca y su sede física" como hasta ahora.
El último en criticar el instrumento de las alianzas en una entrevista a LA OPINIÓN este fin de semana, Javier Guerra, conselleiro de Economía, centra las críticas del portavoz de Economía e Industria de los socialistas, Abel Losada. "El conselleiro miente una vez más cuando pretende darnos una lección sobre lo que es el SIP -arremete-, y lo que tiene que decirle a los vigueses es qué centros sociales, culturales y educativos se van a cerrar en la ciudad de Vigo y en el resto de Galicia, cuando se produzca una reducción en la Obra Social, después de la "positiva" fusión".
En la conversación con LA OPINIÓN, el conselleiro daba por hecho que el "sentimiento" que podría haber ahora mismo en la ciudad "porque se va la caja de Vigo" se convertiría "en orgullo" con la aportación a la creación "de una gran caja". El PPdeG quiere hacer una campaña de "explicación honesta" para hacer entender en mensaje a los vigueses. "Declaraciones desafortunadas", asegura Losada.
"Sólo se explican desde el desconocimiento o la mala fe y el engaño, y como el conocimiento en estos temas se los presuponemos al conselleiro de Economía, nos queda el intento lamentable de engañar a los ciudadanos", añade el diputado socialista. Por eso, el partido reclama a Guerra y al resto del Gobierno gallego que "antes de apelar al orgullo" ponga sobre la mesa "la hoja de ruta" de los populares para establecer una única caja de ahorros en la comunidad "controlada políticamente por el Partido Popular y con los órganos de decisión ubicados en otra ciudad de Galicia". Una prueba más, según los socialistas, de "la fortísima confrontación y discriminación política, económica y presupuestaria que está sufriendo la ciudad de Vigo" por parte del Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo.