El alcalde de Vigo convoca una movilización contra la fusión de Caixa Galicia y Caixanova

L. COSTAS/ AGENCIAS | A CORUÑA /VIGO El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, cumplió ayer su amenaza de convocar una gran manifestación contra la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y llamó "a los 300.000 vigueses" a secundar una movilización que el próximo martes 9 de febrero recorrerá el centro de la ciudad con los nueve concejales socialistas a la cabeza. Caballero matizó que la convocatoria de la protesta la hace "a título personal" y no en nombre del Concello de Vigo. Entre otras cosas porque no cuenta con el apoyo de sus socios en el Gobierno local, el BNG, que ayer ya adelantó que no piensa acudir a una movilización que "no defiende los intereses de la ciudad sino una opinión política sobre un tema determinado", según el teniente de alcalde y portavoz municipal, Santiago Domínguez Olveira.

Caballero compareció junto a sus ocho concejales, que posaron con gesto solemne, para explicar que la protesta se convoca "en defensa de la ciudad y contra la fusión" de las dos cajas de ahorros gallegas y auguró una participación "masiva" que dejará patente "el carácter y determinación de la ciudad" y su "rechazo unívoco" a la integración de las cajas. Y además, según el alcalde vigués, responderá a los dos grupos municipales que defienden la fusión; el PP y el BNG. "Les contestará la ciudad, que quiere seguir siendo la sede de Caixanova", aseguró.

Caballero, que no aclaró ni cuál será el lema de la protesta ni si cuenta con el apoyo de los representantes de Caixanova, convocó la movilización un día después de escuchar cómo el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advertía de que el Sistema Institucional de Protección (SIP) que Caballero defiende como vehículo para que Caixanova se alíe con una caja de fuera de Galicia es "difícilmente reversible".

El regidor vigués se siente sin embargo "absolutamente respaldado" por las manifestaciones de Ordóñez porque negó que los SIP deriven en la bancarización de las cajas y aseguró que permite que sus participantes mantengan su independencia. El PSOE vigués sin embargo estará sólo en la protesta, dado que no cuentan con el apoyo de los sindicatos, de la Ejecutiva del PSdeG o de sus socios de Gobierno, los nacionalistas, que no asistirán a una manifestación de cuya convocatoria se enteraron por la prensa, dado que Caballero no se la comunicó al teniente de alcalde, Santiago Domínguez. El portavoz nacionalista considera además que la protesta "no defiende" los intereses de la ciudad, negó que "nadie vaya a robar nada" a los vigueses y lamentó que Caballero base sus argumentos de movilización en el "miedo". Domínguez reconoció la legitimidad de la protesta, aunque advirtió de que asistir a ella supone apoyar un SIP que "dará lugar a un banco central con sede en Madrid del que van a depender las cajas" que se adhieran a él. También aseguró que el Banco de España "avaló" otras fusiones que siguieron "los mismos criterios y la misma metodología" que rigieron la auditoría de KPMG, que garantiza la solvencia de la alianza de las dos entidades gallegas que impulsa la Xunta y rechazan Caixanova, el alcalde de Vigo. Las diferencias con el BNG ya provocaron que el Concello de Vigo rechazase una moción contra la fusión promovida por su alcalde. La manifestación pone también en un compromiso al PSdeG, ya que su secretario general, Manuel Vázquez, aseguró hace unas semanas que el partido no acudiría a una movilización de estas características que definió como "una hipótesis de determinados lugares que ven la fusión como una agresión concreta hacia ellos".

La protesta también complica las cosas al Gobierno central, sobre todo si finalmente decide presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley autonómica de cajas por invadir competencias del Estado. El Ministerio de Economía estudia estos días el nuevo texto legal y si finalmente se decanta por el recurso habrá quien le acuse de hacerlo movido más por los intereses políticos de Caballero que por la existencia de un conflicto de competencias real. El eventual recurso del Ejecutivo le enfrentaría además de con la Xunta con el BNG, que apoyó con los populares la reforma de la ley de cajas, y prometió instigar una "reacción social" si el Gobierno recurría la nueva norma.