REDACCIÓN | A CORUÑA
Caixanova ya ha dibujado el escenario en el que se moverá en 2010. Y lo ha hecho iniciando el proceso para renovar su consejo de administración y reiterar su rechazo a una fusión con Caixa Galicia. El consejo de la caja, reunido ayer en Santiago, nombró una comisión electoral para dirigir el proceso de renovación de los órganos de dirección de la entidad, en cumplimiento de la ley de cajas, en un encuentro en el que la cúpula de gobierno eludió analizar los resultados de la auditoría encargada por la Xunta y que avala la solvencia de una fusión con Caixa Galicia. "Los datos que se presentaron hoy (por ayer) y la expectativa de negocio nos permiten afrontar un 2010 sin necesidades agobiantes de buscar novias o alianzas precipitadas", aseguraron fuentes del consejo. En ningún momento de la reunión se trató el asunto de la fusión. "No tenía sentido hacerlo porque el Consejo de Administración ya hizo público en su día el rechazo, y éste mantiene intacto", explicaron.
Las mismas fuentes indicaron que, además del Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2009, se aprobó el inicio del proceso de renovación, que se encargará de llevar a cabo dicha comisión. En ella se integran el actual presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso -que deberá abandonar su cargo por superar los 70 años-, y dos vocales.
Este grupo, que comenzará hoy sus trabajos, está facultado para hacer directamente, sin respaldo del consejo, las consultas que precise a la Xunta, con el fin de aplicar el texto legislativo al que el Parlamento de Galicia dio luz verde el pasado diciembre.
Los miembros del consejo respaldaron el inicio de los trámites formales, aunque algunos de ellos pusieron de manifiesto su desacuerdo con la modificación de la ley por el recorte de representación que entienden que aplica a las entidades fundadoras.
También hoy comenzarán a comunicarse los ceses a los consejeros que no cumplen alguno de los requisitos exigidos -aunque éstos no tendrán efecto hasta que se nombre a los nuevos órganos-, con lo que se abre la posibilidad de que alguna de las entidades, si entiende que se conculcan sus derechos, presente un recurso, según explicaron las mismas fuentes.
Al hilo de ello, argumentaron que los consejeros fueron elegidos para un mandato de cuatro años y "no pueden ser cesados antes", porque es "anticonstitucional y perfectamente recurrible".
La única forma de hacer que dejen el cargo es que lo ordene un juez por haber cometido algún hecho que los inhabilite para ese puesto, prosiguieron.
En cualquier caso, indicaron que ninguno de los representantes presentes en el consejo manifestó su intención de presentar un recurso, aunque el Ayuntamiento de Vigo ya anunció que sí lo hará.