El Gobierno retira una propuesta para ampliar el periodo de cálculo de la pensión

AGENCIAS | MADRID El Ministerio de Economía, que dirige Elena Salgado, corrigió ayer sobre la marcha un documento que acababa de remitir a Bruselas actualizando el Programa de Estabilidad presupuestaria para el periodo 2009-2013 tras trascender que en él se incluía no sólo la controvertida propuesta de posponer en dos años la edad legal de jubilación (de los 65 a los 67 años), con el consiguiente aumento de la vida laboral, sino también la posibilidad de que se amplíe en diez años (de 15 a 25) el periodo de cómputo que sirve para definir la cuantía de la pensión de cada cotizante. Salgado aseguró ayer que se trataba tan sólo de "un ejemplo" que introdujeron en el texto pero que no es una propuesta del Gobierno "ni lo va a ser".

La polémica inmediata que suscitó esta posible reforma adicional, de la que no eran conocedores ni la oposición ni los agentes sociales, precipitó una rectificación inmediata del ejecutivo. La responsable de Economía explicó que el "ejemplo" del documento enviado a Bruselas "inducía a confusión". "Lo hemos eliminado porque se podía entender que era una propuesta del Gobierno". Salgado comentó que en la Comisión Europea o entre expertos nadie dudaría de que el texto corregido tiene "una mínima importancia", es una "simulación", una "hipótesis", pues está cargado de condicionales.

En la actualidad el importe de la pensión de cada trabajador en España se calcula con las cotizaciones realizadas en los quince últimos años. Con la ampliación, contabilizarían los últimos 25 años de actividad laboral de cada empleado, y ello podría entrañar en la generalidad de los casos una reducción de la cuantía de las pensiones.

El párrafo de la polémica

El texto suprimido estaba redactado en los siguientes términos: "De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del Producto Interior Bruto el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supone recortar a la mitad el incremento previsto en ausencia de reformas".

La nueva redacción

El texto sustitutorio tras la polémica suscitada por el contenido inicial quedó redactado de la siguiente forma: "De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación de los ciudadanos se reduciría en un punto del Producto Interior Bruto el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea".

Ampliar el periodo de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión de cada jubilado ya se hizo en 2002. Entonces se determinó que se contabilizasen las cotizaciones de los últimos 15 años de vida laboral, que es el mínimo de años de afiliación a la Seguridad Social que se exige para tener derecho a una pensión contributiva.

Ahora se habla de ampliar ese periodo a 25 años. Banco de España y OCDE son partidarios de ir más allá y de que compute el conjunto de las cotizaciones realizadas por cada trabajador y su empresas al sistema público de pensiones a lo largo de su vida laboral.

Se da por hecho que la pensión resultante será menor cuanto más se amplíe el periodo de cómputo, y aún cuando se introduzcan -como, de hecho, se hace- factores correctores de la inflación acumulada para actualizar esos importes. Esto es así porque, por lo común, los ingresos salariales del trabajador (y, por lo tanto, las cotizaciones) suelen ser mayores a medida que se acerca la edad de retiro.

Retrotraer el periodo de cálculo hasta el inicio de la vida laboral penalizaría sobremanera a quienes ahora se incorporan al mercado laboral o lo han hecho en los últimos tiempos, para los que se han generalizado condiciones salariales particularmente parcas durante el arranque de su vida laboral.

Sin embargo, no todos los trabajadores resultarían perjudicados. Ampliar el periodo de años sobre los que se calcula la pensión relativizaría el impacto negativo que tiene para muchos trabajadores de edad avanzada verse en el paro o en expedientes de regulación justo al final de su vida laboral, que es el periodo decisivo para consolidar el importe de su pensión, por más que hayan cotizado durante décadas. El Gobierno dijo ayer en el documento enviado a Bruselas que si se retrasase en dos años la edad legal de jubilación y se ampliase en 10 los años utilizados para calcular la pensión, el ahorro sería de unos 10.400 millones de euros.