El Consejo de Estado tumba la nueva ley de cajas y avala un recurso del Gobierno

JULIO PÉREZ | A CORUÑA Ninguna de las diez modificaciones o nuevos requisitos impuestos con la reforma de la norma gallega de cajas de ahorros que el Gobierno central llevó a manos del Consejo de Estado para confirmar sus sospechas de inconstitucionalidad se libra del crítico veredicto. El dictamen aprobado ayer sostiene que en todos los casos "existen fundamentos jurídicos suficientes" para recurrir. Porque suponen un exceso en las competencias autonómicas y chocan con los principios básicos de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca) que las autonomías deben cumplir. La resolución, remitida ya al Ministerio de Política Territorial, destaca especialmente el peligro que el proceso de renovación establecido para Caixanova y Caixa Galicia puede tener en "la estabilidad" de ambas entidades y el "debilitamiento" en la mayoría necesaria para aprobar una fusión en el seno de las Asambleas. Con el aval del órgano consultivo supremo, el departamento que dirige Manuel Chaves comunicará hoy tras el Consejo de Ministros su decisión de ir al Tribunal Constitucional para paralizar la ley.

Los requisitos para autorizar el SIP. Más allá de la autorización expresa de la Consellería de Facenda a un Sistema Institucional de Protección (SIP), la clave está en los criterios que establece la norma ante "las consecuencias que pudiesen derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia". Una "potestad discrecional" que, recuerdan los consejeros, "es ajena" a los requisitos objetivos que marcan tanto la normativa europea como la estatal sobre este tipo de alianzas. El dictamen da un paso más y alerta de una posible "obstrucción" a la "finalidad primordial" de los SIP, la de favorecer la solvencia de las cajas "con la reducción de costes operativos, el aumento de la eficiencia o el mejor acceso a la financiación en mercados internacionales".

La adaptación de los órganos de gobierno. El análisis de uno de los puntos más conflictivos desde la entrada en vigor de la ley es muy claro. ¿Cómo hay que renovar los órganos de decisión de las cajas? La norma gallega establece un plazo máximo de dos meses con la única excepción de los 16 miembros de los trabajadores en cada Asamblea, que se incorporarán un año más tarde. Esa excepción para el Consejo de Estado no es suficiente en el objetivo de garantizar la estabilidad de las cajas durante el proceso. De hecho, el retraso en la renovación de los representantes de los empleados lleva el calificativo de "singular" en el dictamen, que insiste en que en el fondo se trata de una renovación total pese a que la Lorca insta a que sea parcial. Efectivamente, como defiende Facenda, el Constitucional no obliga a que se haga por mitades como inicialmente recogía la ley estatal, pero la fórmula elegida en la comunidad se pasa de largo. "Cabe considerar que se está vulnerando la normativa estatal cuando establece que las renovaciones de los órganos de gobierno de las cajas deben ser parciales y la doctrina del Tribunal Constitucional que considera básica tal normativa para evitar cambios radicales que puedan comprometer la estabilidad y eficacia de dichas entidades", recoge la resolución.

. La polémica de las mayorías. De la nueva redacción del artículo que aglutina las situaciones en las que se necesita una mayoría de dos tercios de las Asambleas desaparecen los procesos de fusión pese a la exigencia expresa de la Lorca. Un "voto cualificado", según el dictamen, que constituye "un mínimo disponible para el legislador autonómico". Por eso se anularon las rebajas que se intentaron en las normativas del sector de Canarias y Aragón en 1993. Las sentencias del Constitucional entonces y que el Consejo de Estado pone de nuevo sobre la mesa incidían en la necesidad de que los dos tercios "han de considerarse como mínimos" ante la incidencia de una unión "en los aspectos financieros de la institución". "Un mínimo infranqueable que el legislador autonómico sólo puede regular para reforzar, pero no para debilitar o reducir sus exigencias". Lo cierto es que la aprobación de fusiones con la mitad de los votos más uno ya estaba reflejada en la anterior normativa sobre cajas, pero además de la supresión de las integraciones en el listado de los supuestos de mayoría cualificada, la reforma acabó también con la opción de que los estatutos de las propias entidades aumentaran esa proporción, como hizo Caixanova.

Situación de déficit patrimonial. Además de inyecciones económicas de los fundadores y la incorporación de personas y entidades públicas o privadas mediante la ampliación de capital de las entidades, la nueva ley de Galicia incorpora la posibilidad de adoptar "cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado" ante una situación de déficit patrimonial de las cajas "después de la autorización" de la propia Xunta. Ésta tercera garantía de solvencia "interfiere" en las funciones atribuidas a órganos del Estado -sobre todo, el Banco de España-, "en una actuación en la que se exige una actuación uniforme y coordinada" para asegurar así "la eficacia" de las medidas adoptadas en todo el sector.

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Manuel Vázquez, exigió ayer que la Administración gallega respete el dictamen del Consejo de Estado y "no se enfade con el árbitro", porque se trata de un órgano independiente integrado por "personas muy relevantes incluso del Partido Popular". Ante un informe que "lamina" la ley de cajas gallega, Vázquez advierte que ahora sólo quedan dos caminos: "O seguir vociferando y dando cabezazos o buscar diálogo, acuerdos y consenso". Vázquez reiteró que "hay espacio y la solución de las cajas está en Galicia".

A propuesta del Partido Popular y ante la intención del Gobierno de recurrir la ley de cajas gallegas, el PP, el Bloque Nacionalista Galego, la Confederación de Empresarios de Galicia y los sindicatos UGT, CCOO y CIG firmarán hoy un manifiesto en defensa de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y de reclamación al Ejecutivo central para que respete el autogobierno gallego. Para dar más realce al pronunciamiento, el documento se firmará en la Sala del Estatuto del Parlamento. El manifiesto advierte que, sin fusión, Galicia se quedaría sin "sistema financiero propio"