¿Qué puertas se abren ahora en el proceso? La presentación del recurso en el Tribunal Constitucional lleva acompañada una petición expresa del presidente del Gobierno de que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución Española para que se paralice la aplicación de la ley que se quiere impugnar hasta que se tome una decisión final. No hay plazos establecidos para que los magistrados se posicionen en la admisión a trámite, pero como ejemplo puede valer el tiempo que tardaron en el recurso que el Ejecutivo central presentó contra la Lei de Vivenda, más concretamente contra el artículo con el que el bipartito pretendía blindar de los deslindes a los núcleos históricos levantados en plena costa. Un mes.
Si finalmente se admite a trámite y se suspende la normativa, el Tribunal Constitucional tiene otros cinco meses para seguir revisando el recurso y en caso de que no llegue durante ese periodo a una conclusión deberá revisar si la paralización de la ley se mantiene o se levanta. Mientras se desarrrolla la tramitación y antes de que se agote un plazo total de nueve meses, Gobierno central y Xunta tienen la posibilidad de negociar una nueva redacción de los diez puntos conflictivos y retirar el recurso en caso de llegar a un acuerdo. Como ocurrió, tal y como recordaba ayer en A Coruña el ministro de Justicia, Francisco Caamaño con el recurso presentado contra la ley madrileña.
¿En qué situación pilla el recurso a las cajas? Ambas, con los procesos de renovación abiertos y a la espera de que el Constitucional diga si la norma se suspende o no. Caixa Galicia asegura que prácticamente tenía cerrado todo el proceso con los impositores y que desde que la Xunta anunció que vetaría cualquier otra opción que no fuera una fusión de las cajas gallegas no han mantenido ningún contacto con ninguna otra entidad. Caixanova sigue sin hablar de posibles conversaciones. En su caso también estaba abierto el camino a los cambios entre los clientes, con la publicación el lunes en el Diario Oficial de Galicia de la convocatoria para revisar el censo de representantes.