L. PIÑERO | VIGO
La futura reforma laboral no va a dejar indiferente a casi nadie, aunque desde algunos sectores se la califique de light. De entrada, la mayoría de los nuevos contratos fijos que se firmen en Galicia pasarán a establecer una indemnización de 33 días por año trabajado. En primer lugar afectaría a los 182.000 trabajadores eventuales que hay en la comunidad -aunque esta rebaja ya se contemplaba para algunos casos, se verá ampliada a otros colectivos y fórmulas de contratación-, además de los 162.000 parados gallegos si acceden a un nuevo puesto de trabajo y a todos aquellos que se incorporen por primera vez al mundo laboral.
El Gobierno lanzó ayer una propuesta de reforma del mercado del trabajo que se quedó a medias de las exigencias de los sindicatos y de la patronal. Aunque el texto presentado es inconcreto, parece ser que satisfizo a ambas partes de la negociación.
Las claves de la reforma se centran en estas cuatro patas: la reducción de la indemnización por despido improcedente -que pasaría de 45 a 33 días por año trabajado en los nuevos contratos-, la potenciación de los contratos a tiempo parcial con incentivos a las empresas, el fomento del empleo fijo y la penalización de las empresas que abusen de los contratos temporales.
El primer punto, el de la rebaja de los días de indemnización a 33 días por año trabajado no es nuevo. Ya se recoge en el modelo de contrato indefinido del año 1997. La novedad en este caso es que no sólo afectará, como hasta ahora, a los trabajadores eventuales, sino a todos aquellos que accedan a un nuevo contrato procedentes de las listas del paro o a aquellas personas que se incorporen por vez primera al mercado de trabajo.
Un representante sindical de la comunidad gallega afirma que "curiosamente en los últimos cuatro o cinco años, los empresarios gallegos optan por hacer contratos ordinarios, es decir, los que establecen 45 días por año trabajado, en lugar de aplicar la fórmula de hacer fijos a los eventuales lo que supondría 33 día por año".
Otra de las propuestas del Gobierno, la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años afectaría a ocho de cada diez trabajadores gallegos, dependiendo de su año de nacimiento -ver cuadro adjunto-, que verían ampliada su vida laboral si finalmente esta media es aprobada.
De hecho, la propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido ampliamente contestada por los sindicatos -que anuncian movilizaciones masivas en todas las provincias españolas en contra de la medida-, así como por un amplio espectro de los partidos políticos.
El PP, el principal partido de la oposición, expresó su rechazo a la propuesta aunque más tarde matizó y señaló que "se puede hablar" de una "ampliación voluntaria" de la edad de jubilación.
El último en hablar sobre la reforma del mercado laboral fue el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien advirtió ayer de que si durante el diálogo social se plantea una reforma laboral "contundente", ésta "no sería eficaz" para crear empleo. Por eso, confía en que el acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos sea consensuado y avanzó que el acuerdo de negociación colectiva "no pasará de la semana que viene".
"Talar una arboleda por la sierra mecánica y hacer una tala indiscriminada no es eficaz", insistió el secretario general del sindicato UGT, quien añadió que "después de 50 reformas laborales, es preferible trabajar esa arboleda por el método del abono, el injerto y la poda".
En este sentido, Méndez señaló que la reforma es posible y además sin que suponga "recortes" para los trabajadores. Así, apostó por orientar las negociaciones a mejorar el empleo de los jóvenes, reducir la precariedad laboral, aprovechar mejor los incentivos y contemplar medidas alternativas a la "mera recesión de contratos". "Todo eso, y más cosas, está incluido en ese documento del Gobierno y, por tanto, creo que es una buena base de partida", sentenció Méndez.
El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, anunció por su parte que habrá movilizaciones en toda España, la semana del 22 al 26 de febrero, contra la propuesta de elevar la edad de la jubilación a los 67 años, para reivindicar "el derecho a vivir la jubilación", aunque descartó que de momento haya una huelga general.