De la Vega y Feijóo escenifican en público sus discrepancias sobre la ley de caixas

PAULA PÉREZ | SANTIAGO Aunque disimulada con sonrisas y palabras cordiales, la tensión por el recurso contra la ley gallega de cajas derivó ayer en un duelo dialéctico entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el que ni uno ni otro dieron su brazo a torcer. La número dos del Ejecutivo de Zapatero viajó a Santiago para abordar con el titular de la Administración gallega los objetivos de la Presidencia española en la UE y, de paso, le dejó claro que mantendrá el recurso a la normativa sobre entidades de ahorro mientras que la Xunta "no la adapte la Constitución". Es cierto que ambos gobiernos se comprometieron a abrir una vía de diálogo, pero la vicepresidenta supeditó las posibilidades de alcanzar un acuerdo a que "se solventen cuestiones ineludibles" y "se corrija el texto".

El cara a cara entre De la Vega y Feijóo tuvo lugar sólo un día después de que el Ejecutivo central hubiese anunciado el recurso contra la ley gallega de cajas y evidentemente el conflicto se coló en la agenda de la reunión prevista entre ambos mandatarios. De hecho el presidente de la Xunta acudió a la cita con un documento que trasladó a la vicepresidenta en el que compara el texto de la normativa sobre entidades de ahorro aprobada por el Parlamento de Galicia con otras leyes en vigor dentro del Estado que no han sido recurridas. Además de entregarle los papeles, Feijóo enumeró ante De la Vega las razones por las que, en su opinión, la ley de cajas gallega "respeta la Constitución" (argumentos que aparecen recogidos en la entrevista que publica hoy LA OPINIÓN en sus páginas 46 y 47).

Y de la Vega no se quedó callada. Después de que el jefe del Ejecutivo gallego comparase varios artículos de la ley gallega con los de otras normativas que están vigentes, la vicepresidenta le replicó:"yo le podría empezar a citar también aquí artículos de leyes que han sido recurridos o artículos que no han sido recurridos pero que no tienen la literalidad de la norma gallega que el Gobierno ha recurrido".

La representante del Gobierno central eligió como ejemplo la ley madrileña de cajas. "También el Parlamento de Madrid sostenía que su ley estaba acorde con la Constitución, presentamos un recurso, y finalmente llegaron a la conclusión de que el Gobierno tenía razón y modificaron el texto", expuso. Representantes de la Xunta y del Ejecutivo central mantendrán "de forma inmediata" una reunión de carácter técnico para analizar los puntos de conflicto jurídico que presenta la ley de cajas gallega. Sin embargo, la vía de diálogo se abre partiendo de posturas inflexibles por parte de ambas partes.

Aunque la vicepresidenta del Gobierno expresa su confianza en llegar a un acuerdo, también deja claro que no cabe otra solución que cambiar la normativa si la Xunta quiere que el Estado retire el recurso. Y, por su parte, Núñez Feijóo añade que las negociaciones con el Gobierno servirán "para aclarar, que no recortar, la ley de Galicia". La demanda del presidente de la Xunta de "una gran caja gallega" también encontró réplica en la vicepresidenta del Gobierno. "Quiero subrayar que este recurso no va ni contra el autogobierno ni contra la fusión", advirtió.

De hecho, De la Vega advirtió que compete a la Xunta decidir sobre si lo que más conviene a Galicia es un SIP con una entidad de fuera o la integración de Caixa Galicia y Caixanova, gesto que fue aplaudido por Feijóo. Pero fue el único punto de concordancia. Mientras Feijóo insistía en que determinar la solvencia de las cajas corresponde "en primer lugar al regulador autonómico, que es el gobierno de cada comunidad, y, en segundo lugar, al Banco de España", la vicepresidenta del Gobierno lo contradijo en reiteradas ocasiones.

De hecho, la solvencia es uno de los puntos que De la Vega señaló como conflictivos dentro de la normativa gallega. "Solvencia y representatividad son las áreas en las que, a juicio del Gobierno, hay una extralimitación de las competencias autonómicas", explicó. "El control y la supervisión financiera corresponden al Banco de España", recalcó. La discusión está no en determinar "qué es o no es solvente", sino en quién determina esa solvencia y "esa facultad no compete a la comunidad autónoma".

De la Vega quiso despejar las sospechas que puedan existir sobre los motivos del Gobierno para recurrir esta ley. "Lo hicimos por razones estrictamente jurídicas, de constitucionalidad", apuntó. Además, cree que aún "hay tiempo" para reordenar el mapa financiero de la comunidad y que las entidades puedan optar a ayudas del FROB.