Kina Fernández debe en salarios más de 144.000 euros a sus empleadas

LUI COSTAS | A CORUÑA Volvoreta SA, la empresa de la diseñadora Kina Fernández, debe al menos 144.000 euros a sus empleadas en concepto de salarios atrasados, según cálculos ofrecidos por la federación textil de la CIG. Este importe se une a los 2,6 millones de euros de deuda reconocida por la empresa en 2008 con proveedores, Agencia Tributaria y con los dos socios de la empresa -la diseñadora y su marido, José Álvarez-, que prestaron 700.000 euros a la compañía.

Tanto las trabajadoras de la fábrica que Kina Fernández tiene en A Grela como las dependientas de algunas de sus tiendas tienen pendientes de cobro las dos pagas extraordinarias reconocidas por convenio correspondientes a 2008 y 2009 por las dificultades económicas que la empresa arrastra desde el estallido de la crisis. Los salarios de las trabajadoras de la cadena de confección ronda los 900 euros -las empleadas menos veteranas no alcanzan esa cifra-, por lo que el importe que la empresaria debe a cada una de ellas es de unos 3.600 euros, que multiplicados por las 40 trabajadoras que según la propia empresa, componen la plantilla, da un importe total de 144.000 euros.

Este cálculo, realizado a partir de un salario medio y orientativo según los cálculos de los sindicatos, podría ser mayor, dado que entre las trabajadoras con más antigüedad existen reclamaciones patrimoniales que rondan los 6.000 euros.

Una treintena de trabajadoras han reclamado por vía judicial en el último año y medio el pago de los salarios pendientes y algunas incluso han presentado demanda de extinción del contrato laboral por grave incumplimiento, al haber acumulado cuatro pagas sin cobrar, pero tendrán que personarse en el proceso concursal que instruye el juzgado de lo Mercantil número 1 para reclamar ante la administración concursal el pago de la deuda salarial. Al menos cuatro trabajadoras podrían perder, sin embargo, estas cantidades, dado que según fuentes sindicales han renunciado a solicitar ante el juzgado el pago de la deuda. Y es que la legislación laboral reconoce a los trabajadores un plazo máximo de un año para exigir el pago de una deuda salarial y si ese plazo concluye y se produce, como en este caso, un concurso de acreedores, las empleadas no tienen pruebas que acrediten la deuda a su favor.

El futuro de estas trabajadoras y de sus remuneraciones depende sin embargo en buena parte de la deuda de la empresa y de cómo esté estructurada, cuestiones que todavía tendrá que aclarar el informe que realice el administrador concursal de Volvoreta SA tras analizar su situación contable. Y es que según fuentes sindicales, la legislación concursal establece las prioridades para el cobro de la deuda de una empresa concursada, y el trabajador suele ser el primer beneficiado, siempre y cuando no existan préstamos hipotecarios a favor de la sociedad que se declara en suspensión de pagos.

Las relaciones entre las trabajadoras de Kina Fernández han empeorado en los últimos años hasta el punto de que desde 2003 no celebran elecciones para el comité de empresa, por lo que en la actual situación se encuentran sin representación sindical y con un enfrentamiento interno que dificulta las negociaciones con la empresa. El administrador concursal designado por el juez Pablo González-Carreró Fojón, el abogado Antonio Zamorano, propuso a la plantilla que designase a tres portavoces de las trabajadoras para negociar con la compañía, que prevé plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir al menos a 24 empleadas. La plataforma de representantes facilitaría la negociación de los términos del ERE y las indemnizaciones que se percibirían, pero la propuesta no ha convencido a las afectadas, que todavía no han tomado ninguna decisión. Precisamente la ausencia de un comité de empresa, al que la empresa tiene obligación de entregar documentación básica de su plantilla, dificulta la resolución del conflicto laboral.

Las 46 empleadas de Kina Fernández se han distribuido entre los servicios jurídicos de CIG y UGT, aunque un grupo numeroso ha contratado los servicios de un abogado particular para exigir el pago de su deuda o la rescisión de la relación laboral con Volvoreta SA.

El gerente de Volvoreta SA, José Álvarez, reconoció en declaraciones a este periódico que la compañía se había visto obligada a formalizar el concurso de acreedores después de varios meses de negociaciones con cuatro entidades financieras para lograr un acuerdo de refinanciación de deuda para el que la compañía contaba con un aval del Instituto Galego de Promoción Económica. La Xunta garantizaba la devolución de 1.200 de los 1.700 millones de euros que la empresa pretendía solicitar para financiar su plan de negocio 2009-2014, con el que confiaba en remontar la actividad de diseño y confección de prendas.

Kina Fernández cerró 2008 con 600.000 euros de pérdidas y una caída de las ventas de un 20%, pero cuando las depositó en el Registro Mercantil, unió a sus datos una memoria en la que se mostraba confiada en remontar la crisis para cerrar 2009 con sólo 53 millones de pérdidas y obtener beneficios a partir de este ejercicio. El auditor de las cuentas expresó incluso ciertas "incertidumbres" sobre la continuidad de la compañía que hoy desfila en Madrid Fashion Week, antigua Pasarela Cibeles.

La CIG, que representa a algunas de las trabajadoras afectadas y que se personará como parte en el concurso de acreedores, ya ha advertido a la Xunta y a Inspección de Trabajo sobre la situación de la compañía para asegurarse de que las subvenciones que tiene pendiente de cobro no se entreguen a la dirección y sirvan para reducir la deuda con las empleadas. La empresa aseguró a su plantilla que a lo largo de la pasada semana presentaría la lista y el número concreto de trabajadoras que serán despedidas dentro del Expediente de Regulación de Empleo y, aunque no se prevé que sean menos de veinte, la relación todavía no ha sido publicada.