JULIO PÉREZ | A CORUÑA
A una carta, en la que el pasado viernes la Xunta remitió su oferta para desbloquear la negociación de la ley de cajas, contesta el secretario de Estado de Cooperación Territorial, encargado de las conversaciones por parte del Gobierno central, con otra carta, en la que no faltan los reproches ni las llamadas de atención. Gaspar Zarrías rechaza el texto alternativo que las consellerías de Presidencia y Facenda le hicieron llegar para cambiar el papel los puntos relativos a la situación de déficit patrimonial, el veto a cualquier sector que no sea el Parlamento para tener más de un miembro en los Consejos y los tiempos de renovación en las entidades, y también los acuerdos interpretativos para los otros dos preceptos pendientes de pactar, el de las mayorías en Asamblea para aprobar una fusión y el control sobre la Obra Social. Porque no ve los avances. Las modificaciones son "tenues y tímidas" y "no resuelven las dudas sometidas al enjuiciamiento del Tribunal Constitucional". Aún más. El secretario de Estado se queja de que las puntualizaciones ni siquiera afectan a todos los aspectos que están en discusión.
Por lo tanto, no hay reunión de momento. Gaspar Zarrías queda a la espera de que el Ejecutivo gallego mande un cambio para la normativa que se ajuste a la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca). Como ejemplo del gesto que espera el Ministerio de Política Territorial por parte de San Caetano, la polémica que sobre el marco legal del sector se desató también en Madrid. El secretario de Estado se lo dice claramente al titular de Presidencia. El equipo de Esperanza Aguirre "modificó todas las cuestiones planteadas".
Para Alfonso Rueda hay un segundo mensaje directo, por sus críticas al bloqueo en las conversaciones del que el conselleiro acusa a Zarrías. "Eres consciente -señala la carta- de que estas valoraciones no responden a la realidad". El secretario de Estado apela a la legaltad institucional "que por lo menos el Gobierno central tuvo" para "resolver las discrepancias jurídicas" y muestra su "sorpresa" por las "afirmaciones" de Rueda y por la teoría de que fue el ministerio el que quedó de enviar "una supuesta propuesta".
Desde el Parlamento le dará hoy la réplica la conselleira de Facenda, que comparece para hablar del estado de las negociaciones. Pero desde su departamento ya avanzaron ayer su "sorpresa" también por "el incumplimiento" de Zarrías "de su compromiso". Por no haberles convocado a una reunión cara a cara tras ceder y presentar por escrito su propuesta. "Él condicionaba la convocatoria a eso", aseguran fuentes del departamento. Tanto Marta Fernández Currás como Alfonso Rueda critican que el secretario de Estado no concrete a qué puntos se refiere cuando habla de las modificaciones. "Ni que no nos llame", añaden.
La postura de la Xunta sigue intacta. La de hablar y "acompasar" la nueva ley gallega a otras normativas siempre que no se "desvirtúe" el "espíritu" con el que se reformó.
Antes de conocerse el nuevo capítulo en la negociación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a hablar de la situación en la que está la ley y se mostró "dispuesto" a someterla al Tribunal Constitucional, pero no a "los intereses de algunos cargos andaluces" del Gobierno central, en alusión al secretario de Estado de Cooperación Territorial.
El presidente gallego ratifica su apuesta por el "diálogo" y por volver a sentarse "en la mesa de negociaciones" de la, incidió, "se levantó" la delegación estatal y no la gallega. No pierdo la esperanza", aseguraba ante la espera por la contestación de Gaspar Zarrías.
A la oferta de seguir avanzando para lograr un pacto que permita que Moncloa retire el recurso de inconstitucionalidad contra once de los preceptos incorporados a la normativa, Núñez Feijóo acompaña sus reticencias porque el Ejecutivo central "cuestiona" ahora los plazos que marca la ley gallega para renovar los órganos de gobierno de las dos cajas de la comunidad. "Es una falta de respeto y un planteamiento "irresponsable y excesivamente chusco", asegura. "Lo que deberíamos discutir es si las competencias -añade- son homologables a las leyes de Andalucía, Euskadi o Cataluña, y yo digo que sí".
Feijóo asegura que sólo busca "acertar" desde el "consenso". La fusión de Caixanova y Caixa Galicia, es para el presidente, "la opción menos mala", puesto que permitir la unión de las entidades de ahorro gallegas con otras foráneas sería "muy arriesgado".
Caja Extremadura y Caja Badajoz han roto las conversaciones para crear una caja única extremeña y ya buscan por separado alianzas fuera de la comunidad, informaba ayer el diario El Economista, que señalaba como una de las opciones el Sistema Integral de Protección (SIP) que lideran Cajastur y Cajamurcia, una fusión fría en la que también se ha barajado el nombre de Caixanova y Caja Cantabria.
En Extremadura, el Gobierno liderado por el PSOE y la oposición, en manos del PP, respaldan las decisiones de las cajas de la comunidad e incluso impulsan que se inicien conversaciones fuera de la comunidad autónoma. "Cuanto una caja esté más lejos de la otra, mejor que mejor", defienden fuentes políticas.
Caja Extremadura y Caja Badajoz planeaban en principio integrarse para luego aliarse con Caja Guadalajara y Cajasol, ésta última aspiraba a liderar la operación. Caja Extremadura para desmarcarse de la operación incluso encargó a una consultora un estudio que concluye que la fusión con la entidad vecina no es la mejor opción, entre otros argumentos, porque se solapan demasiado y obligaría a cerrar 83 oficinas y a recortar 323 puestos de trabajo.