SELINA OTERO | A CORUÑA
La liberalización del sector comercial dictada desde Bruselas y la regulación de las grandes superficies por las comunidades pueden toparse con puntos de fricción. El Ministerio de Industria analizará si las tasas que cobran algunas comunidades por la instalación de nuevas superficies comerciales contravienen la directiva europea e imponen "criterios discriminatorios".
Galicia mantiene en la nueva normativa gallega de comercio una tasa de 3,69 euros por metro cuadrado de superficie útil para exposición y venta al público. Este pago es uno de los requisitos que la Administración gallega establece para otorgar una "autorización comercial autonómica para la instalación, ampliación y el traslado de establecimientos comerciales". La nueva ley gallega de comercio ha incluido el pago de una tasa que ya se contemplaba en la Ley 6/2003 de tasas, precios y exacciones reguladoras de Galicia, pasando de 3,25 euros por metro cuadrado a 3,69. Ahora este canon forma parte de la nueva legislación comercial. En Baleares, otra comunidad que mantiene el pago de una tasa similar, la cantidad se eleva a 17,64 euros por metro cuadrado.
Para el sector que gestiona las grandes áreas comerciales, "la tasa no se ajusta al coste del servicio". "Es discriminatoria porque un establecimiento más grande que otro tiene que pagar mucho más para obtener una licencia, cuando el servicio que te presta la Administración es el mismo", señalan.
La Xunta aspira a lograr un "cierto equilibrio" en las condiciones competitivas entre las pequeñas y grandes superficies establecidas en la comunidad gallega con la nueva Lei do Comercio Interior de Galicia, cuyo anteproyecto presentó ayer a los comerciantes el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra.
Guerra destacó el "muy rápido" crecimiento de las grandes superficies en los últimos 22 años, desde la aprobación del marco normativo vigente, y la diferencia "grande" entre los pequeños establecimientos y los de mayores dimensiones.
Por ello, consideró que la nueva ley incidirá en la capacidad competitiva de los pequeños comercios para ayudarlos a alcanzar unas condiciones de "mínima igualdad" frente a las grandes superficies.
"Hay más de 100.000 personas que viven directamente del comercio en Galicia", señaló para asegurar que es una representación "muy importante" de la sociedad gallega".
Todo, pese a recordar que la normativa comunitaria, de carácter "aperturista", llevó a la Xunta a establecer en el nuevo texto la necesidad de autorización autonómica sólo en supuestos de incidencia supramunicipal, para áreas de más de 2.500 metros cuadrados. Guerra recordó que el plazo de alegaciones al texto elaborado por su departamento concluirá el próximo día 22.