ALICIA LÓPEZ | MADRID
Tener o no tener un plan privado de pensiones fue la cuestión que los periodistas elevaron ayer casi a cuestión de Estado en el Congreso y no pararon hasta averiguar que el presidente del Gobierno no tiene ninguno y sí, por ejemplo, María Teresa Fernández de la Vega y algunos ministros económicos.
No obstante, el Congreso y el Senado tienen un plan de pensiones colectivo para funcionarios y parlamentarios, que éstos pueden incrementar, si quieren, con sus propias aportaciones o bien hacerse otro nuevo.
Entre los que confesaron que tienen un plan privado, está el mismo que ha desencadenado la polémica en torno a esta cuestión, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al aconsejar el martes los trabajadores que se lo hicieran si querían compensar la pérdida de ingresos que se produce con la jubilación.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía Elena Salgado, no aclaró si lo tiene o no, pero dijo que como lleva cotizando desde los 22 años no necesitará "ni tan siquiera" la pensión de ex ministra. También ha apostado por ese complemento el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien opinó que "no debe ser tan malo" cuando todos los gobiernos lo han bonificado fiscalmente "de forma generosa".
La troika económica la completa el responsable de Fomento, José Blanco, quien aseguró que sólo tiene el plan privado que le ofrece el Parlamento.
Trinidad Jiménez, titular de Sanidad, es de las que no lo tiene y "nunca se le ha ocurrido" tenerlo, aunque apoya a los que optan por esta fórmula, incluidos los ministros, porque, según señaló, no deja de ser una forma de ahorrar.
En cualquier caso, complementar la jubilación de manera privada no pone "en cuestión" que España cuenta con un sistema público "fuerte y garantizado", subrayó.
Beatriz Corredor, responsable de Vivienda, está entre los ministros que sí tienen un plan privado, asunto sobre el que no se quisieron pronunciar los responsables de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Educación, Ángel Gabilondo, por considerarlo un asunto privado.
Entre la oposición hay muchos que sí disponen de este complemento, como la portavoz del PP en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, que lo tiene, pero "muy bajito", aunque señaló que después de escuchar las recomendaciones de Corbacho va a ver si hace "un mayor esfuerzo" de ahorro. José Luis Ayllón, secretario general del grupo popular, tiene este plan extra "más o menos" desde que Corbacho es ministro de Trabajo, mientras que el responsable económico del grupo, Cristóbal Montoro, que lo tiene desde hace tiempo, aprovechó para acusar al Ejecutivo de "volver a meter miedo" con un tema tan sensible.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, no sólo tiene uno, sino que recomienda que todos los que puedan se lo hagan, aunque no por "desconfianza" en el sistema público, precisó sino porque las pensiones "son bajas". Su aportación a este plan alternativo es "simplemente" de 600 euros al mes, pero le gustaría poder ingresar más porque cree que esa cantidad "dará poco de sí". Por último, Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, también lo tiene y lo recomienda porque es de los que opina que ante la evolución demográfica, las pensiones futuras no superarán, probablemente, el "nivel mínimo imprescindible" para vivir con dignidad.